El Gobierno aprobó ayer la tramitación del anteproyecto de ley de modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, en su parte económica, tras 24 años sin reformarse. Una medida que, entre otras cosas, contempla que todo el régimen económico se inspire en la condición de región ultraperiférica y que lo desliga del sistema de financiación de las Islas, lo que puede reportar una media de 400 millones más (de forma creciente) en los próximos años: más de 200 en 2017, por encima de los 300 en 2018 y más de 500 en 2019.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que la modificación incluye novedades en el transporte y recoge el principio de "continuidad territorial" entre el transporte aéreo y marítimo de personas y cercanías. Además, se consolidan las compensaciones del 50% (ya existentes) en el transporte de personas en trayectos directos entre el Archipiélago y el resto del Estado pero también entre las Islas.

Asimismo, recoge compensaciones del 70% del coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre Canarias y la Península y la Unión Europea.

En Empleo, se reconoce la particularidad de Canarias por su situación social y laboral, es decir, que "se entenderán las especiales dificultades" de esta comunidad para el acceso al empleo. A su vez, Sáenz de Santamaría se refirió al establecimiento de programas de becas de estudio y de banda ancha en precios y condiciones idénticas al territorio nacional.

El anteproyecto incluye medidas en materia de turismo, energía para compensar los costes extra de generación eléctrica y aborda el sistema de agua desalinizada para aproximar precios. Recoge también novedades en la gestión de residuos y energía renovable, al no incluirse en el REF de 1994.

También hay incentivos regionales a las Islas más pequeñas para potenciar su desarrollo, mientras que en agricultura se garantizará del 50 al 75% de la aportación nacional de las medidas de fomento de las producciones agrícolas locales autorizadas por la UE.

Para la ministra, se trata de un acuerdo "importante" en el que se da cumplimiento a la exigencia constitucional que obliga a tener en cuenta la insularidad pero también la lejanía de Canarias. Además, aclaró que la tramitación de la ley es particular, ya que habrá que oír al Parlamento canario antes de su aprobación.