El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha afirmado este martes que el Parlamento "ha dejado solo al pueblo de Güímar" al rechazar la tramitación de la ley de ordenación de los barrancos, y ha dejado claro que "a partir de mañana se puede seguir extrayendo áridos".
En declaraciones a los periodistas tras el debate plenario, ha comentado que la ley "era una oportunidad" para ayudar al desarrollo del municipio en torno al sector primario o el de servicios "aportando propuestas" en la ponencia técnica, pero "no se ha querido".
Alonso ha comentado que "cualquier propietario puede solicitar licencia de extracción y se la tienen que otorgar", y está "casi seguro" de que este hecho se va a producir.
"Mañana en el Parlamento volverá a salir el sol y se van a olvidar de este asunto, estarán en otro o en un debate sin mucha practicidad, y se olvidarán de Güímar", ha indicado.
Asimismo, ha comentado que el Cabildo "ha hecho un trabajo muy serio supliendo la labor de otras administraciones", y ha incidido en que "no es responsable" de lo que pueda pasar a partir de ahora, es el Parlamento o la Dirección General de Minas.
Alonso ha admitido que se trata de un "problema complejo" que requiere de un trabajo técnico y coordinado, y por eso, siempre han defendido que la ley y el plan de restauración se elaboraran en paralelo, pero "esta posibilidad se ha desbaratado".
El presidente ha agradecido la posición política del Grupo Nacionalista porque "no es fácil y hay dudas", y en cuanto al futuro, ha señalado que no tiene una "varita mágica" y que "son otros" los que ahora tienen que poner soluciones.
"Vamos a colaborar, pero corresponde a otros, al Parlamento, que es el legislador, y al Gobierno de Canarias, con el plan de restauración", advirtiendo de que la comisión de estudio planteada por el PP es un "brindis al sol".
RUANO EXIGE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA
El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, ha pedido que la Audiencia Provincial ejecute "cuanto antes" la sentencia para "obligar" a las administraciones a elaborar el plan de restauración, que corresponde conjuntamente al Cabildo y a la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias.
Ha dicho que el debate de toma en consideración era una "oportunidad" para empezar a estudiar a la ley, que era "mejorable", para garantizar que el coste fuera a parar a los empresarios condenados, y ahora ha señalado que se buscará la coordinación entre Cabildo y Gobierno regional.
En su opinión, algunos grupos han incurrido en "flagrantes contradicciones" porque han mostrado su apoyo a los vecinos pero no han propuesto soluciones, que su juicio pasaba por la ley, porque definía a los propietarios y establecía las compensaciones para "prohibir para siempre" la extracción de áridos.
"Por encima del valor económico de nuestros recursos naturales está el valor ambiental, y nunca más deben producirse hechos como los que han sucedido", ha destacado.