Todos los grupos parlamentarios han coincidido hoy en denunciar el "vergonzoso" trato laboral que sufren en Canarias las camareras de piso, un colectivo de 15.000 personas, por parte de muchos empresarios hoteleros, y la mayoría de la Cámara reprochó al Gobierno de Canarias su pasividad.

Excepto CC, todos los grupos se quejaron de que hace un año se aprobó una proposición no de ley sobre este asunto que el Gobierno de Canarias no ha atendido, aunque la consejera de Turismo, María Teresa Lorenzo, que compareció para informar de este asunto, aseguró que se está trabajando en ello y que el Ejecutivo está comprometido en mejorar las condiciones de trabajo en el sector turístico.

El caso de Edurne, una camarera de piso contratada por semanas a través de una empresa temporal y que fue despedida por quemarse el brazo como consecuencia de su trabajo, fue presentado como paradigmático de la precariedad laboral de este colectivo por las diputadas Gladis Acuña, de Nueva Canarias, y María del Río, de Podemos.

Astrid Pérez, del PP, dijo que aunque el Gobierno de Canarias no tenga competencias directas sí tiene capacidad para articular acuerdos con el sector hotelero para erradicar la precariedad laboral, al igual que lo hace en otras áreas.

Mario Cabrera, de CC, pidió que se instaure un sello de calidad que acredite a los establecimientos hoteleros que cumplan con condiciones laborales dignas, porque sin ellas no se puede hablar de éxito turístico.

Pese a los grandes beneficios empresariales en los últimos años, las condiciones laborales en el sector turístico están estancadas, corroboró Rosa Bella Cabrera, del PSOE, para quien la calidad de la oferta no puede disociarse de la calidad en el empleo.

Jesús Ramos Chinea, de ASG, hijo y esposo de camareras de piso, exigió a la consejera que cumpla los acuerdos del Parlamento y atribuyó la precariedad laboral al modelo de turismo de masas.

La consejera María Teresa Lorenzo insistió en que el Gobierno trabaja en cumplir las resoluciones parlamentarias en el marco de sus competencias y reconoció que la percepción de la calidad del destino por parte de los visitantes reside en gran parte en este colectivo.

"Nos preocupa y mucho, somos los primeros interesados en que desempeñen su labor en las mejores condiciones", dijo Lorenzo, quien señaló que aunque las competencias del Gobierno al respecto son pocas intenta colaborar con empresarios y trabajadores para conseguirlo.

Por eso se está trabajando en una mesa técnica de hostelería que trabaja en elaborar una guía de evaluaciones y un modelo de protocolo para poner a disposición de los expertos en prevención de riesgos laborales una herramienta para evaluar los riesgos ergonómicos y psicosociales para proponer medidas a los empresarios para mejorar las condiciones de trabajo.

La consejera dijo que es el Estado el que tiene competencias para autorizar una ampliación de la plantilla de inspectores, de los que depende el Gobierno de Canarias para perseguir y sancionar las infracciones laborales.

También es el Estado el que puede cambiar las condiciones de jubilación anticipada derivada de enfermedades profesionales o el que puede derogar una reforma laboral que ha dejado en indefensión a la clase trabajadora, argumentó.