La Ley Canaria de Educación, surgida de una iniciativa popular y aprobada por el Parlamento de Canarias en 2014, está lejos de cumplirse. El aumento presupuestario previsto no se ha cumplido y el sistema acumula un déficit de 300 millones de euros, según los cálculos del sindicato Comisiones Obreras.

El texto legal establecía que los presupuestos educativos seguirían una tendencia al alza y en el año 2022 la inversión en educación alcanzaría el 5% del Producto Interior Bruto. Sin embargo, según la organización, los presupuestos apenas han sufrido aumentos mientras que el PIB de la Comunidad Autónoma sí lo ha hecho.

El nuevo secretario de la federación de Enseñanza de CCOO en Canarias, Juan Jesús Bermúdez, denunció en rueda de prensa que ese déficit crónico que arrastra el Archipiélago en la materia está relacionado con otros indicadores, como el de fracaso escolar.

El portavoz y responsable de Comunicación, José Ramón Barroso, recordó que el sindicato ha propuesto varias medidas para aumentar la recaudación, tales como la imposición de una tasa turística o un gravamen para las grandes fortunas, que no han sido tenidas en cuenta por la Administración. Los profesores canarios, recordó, son los únicos que no perciben complementos salariales por formación (sexenios) o tutorías, lo que los sitúa a la cola en retribuciones en todo el Estado. "Somos conscientes de que los presupuestos son los que son, pero el sistema educativo canario necesita una inversión extraordinaria", demandó.

José Emilio Martín, representante de CCOO en el Consejo Escolar de Canarias y en el Consejo Canario de FP, insistió en que los políticos deben dejar de aprobar leyes que no vayan acompañadas de una ficha financiera que permita implementarlas. "No se puede firmar una ley sin tener ninguna intención de ponerla en marcha", se quejó.

En este contexto, los tres representantes coincidieron en que en estos momentos no existe negociación colectiva con la Consejería de Educación para mejorar las condiciones laborales del profesorado. Entre esas demandas está el plan de reconocimiento social de los docentes, anunciado por la Consejería a principios de legislatura, pero que no se ha materializado. El objetivo de todas las centrales sindicales era que en ese plan de incluyera un aumento progresivo de los salarios del colectivo, de forma que acabaran equiparándose con los del resto de compañeros.