La Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias ha emprendido una campaña informativa dirigida a evitar riesgos en los trabajos de retirada de elementos de amianto, un material cuya manipulación incorrecta acarrea graves afecciones a la salud y que, pese a que está prohibido desde el año 2002, se encuentra presente en muchas edificaciones, entre ellas en las cubiertas de centros educativos de las Islas.

Esta iniciativa fue presentada ayer por el viceconsejero de Empleo, Emilio Atiénzar; el director del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), Elirerto Galván; y el director general de Trabajo, José Miguel González. Atiénzar precisó que el objetivo de la campaña no es alarmar, sino hacer "un llamamiento a la cultura de la prevención", pedir "colaboración" para identificar los elementos de amianto en los edificios y promover que para su desmontaje se acuda a las empresas autorizadas para ello. Retirarlos exige, además, la presentación de un plan de seguridad ante la Administración autonómica, en este caso ante la Dirección General de Trabajo. Si este cumple los requisitos establecidos en la normativa, la empresa puede proceder al traslado de estas estructuras.

"Si el material no se rompe, corta o perfora, no existe riesgo", insistió, por su parte, el director del Icasel. Este peligro proviene de que, cuando el amianto se fragmenta, libera fibras cuya inhalación puede derivar en diversas patologías del aparato respiratorio, desde la enfermedad pulmonar obstructiva crónica hasta cáncer de pulmón o de laringe.

En cuanto a los edificios públicos en los que está presente este material, el viceconsejero de Empleo del Ejecutivo canario aseguró que se dan instrucciones para retirarlo cuando se detecta que está deteriorado o que presenta un envejecimiento excesivo, aunque reiteró que, en circunstancias normales y sin una manipulación incorrecta, no se originan efectos sobre la salud.

La manipulación del amianto requiere la contratación de una empresa especializada en su retirada y debidamente registrada en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). En la construcción es frecuente encontrar este material que hace cuatro décadas se utilizaba a menudo y que desde el año 2002, y debido a su alta toxicidad, quedó prohibido. Esta medida -la prohibición del amianto blanco, la única variedad que por entonces se seguía empleando- se sumaba a las tomadas en 1984 y 1993, cuando fueron prohibidos también el azul y el marrón.

La inexistencia de un censo de inmuebles en España con elementos de amianto -pese a que varios grupos políticos lo han pedido- ha dificultado tomar medidas para retirarlos.