Como en tantas otras ocasiones en la vida, en la comisión de ayer sobre la reforma electoral se confirmó eso de que, muchas veces, se piensa más las formas que el fondo, aunque estén íntimamente imbricadas. El excandidato, exlíder y exportavoz del PSOE en el Parlamento Augusto Brito no se distanció mucho de la reciente propuesta del sociólogo Miguel Guerra de ampliar los diputados a 75 (incluso abogó por uno más para compensar a Fuerteventura) y, sin embargo y a diferencia de lo ocurrido con el ponente invitado por NC, su planteamiento casi acaba en bandera blanca y consenso absoluto, dado que algunos de sus énfasis o matices gustaron mucho a CC, al menos a Migdalia Machín. Eso sí, habría que saber la opinión de Casimiro Curbelo, toda vez que no hubo ningún representante de ASG, tan crítica con cualquier cambio que rompa la triple paridad.

Esos énfasis de Brito consistieron, sobre todo, en la advertencia de que cualquier modificación ha de fundamentarse en el máximo acuerdo posible y, aún más importante, en evitar toda tensión o nuevos problemas políticos o en los partidos. No obstante, y ante su autopregunta de si la reforma es necesaria, tiene claro que sí por la percepción ciudadana de que el sistema es injusto por la desproporción entre territorio y población, porque esto puede deslegitimarlo y porque, aunque haya dudas de la intensidad de ese rechazo en la calle ("en unos sitios más que en otros"), sí cree probada esa pulsión en la mayoría de generadores de opinión, estamento que cree clave.

Aunque sabe que no hay fórmulas mágicas "por ingeniosas que sean" que lo arreglen todo de golpe, apuesta por soluciones "realistas, acomodaticias y prudentes". A su juicio, y porque regiones con poblaciones similares, como Galicia o el País Vasco, tienen ese número, una solución así pasa por ampliar la Cámara en 15 o 16 escaños (Guerra propone 54) mediante una lista regional que, encima, reforzaría la visión autonomista y "empezaría" a corregir la desproporción respetando lo que hay ahora. Además, defiende que la barrera autonómica baje del 6 al 3%, aunque, frente al consenso existente, prefiere que la insular lo haga del 30 al 20 y no al 15 para evitar una excesiva "insularización".

Según su cálculo, 15 escaños más cuestan 2 millones al año, coste "asumible" si, así, se arregla el problema. Ante esto, Podemos recordó que cabe bajar el gasto global.

El ponente invitado por el PP va en contra de sus tesis

No suele darse, pero ayer pasó. Juan José Rodríguez, letrado del Cabildo palmero, amigo de Asier Antona y propuesto por el PP, hizo una encendida defensa de la triple paridad que, curiosamente y según admitió Antona a EL DÍA, choca con tesis claves de los populares, solo que no lo sabían. Un partido que sí defiende ampliar la representación, al menos, de las dos islas grandes (5 escaños más por cada una es lo que se baraja en sus filas) por sentirse el más perjudicado, si bien tiene más dudas con la lista regional.

Rodríguez hizo un detallado repaso de los antecedentes históricos de varios siglos, pero, como mínimo, desde el XIX que demuestran la relevancia del concepto isla en la representatividad y la ausencia de experiencias regionalistas. En su opinión, cabría incorporar 4 diputados más (hasta 64) para que las dos capitalinas tuvieran 16; las medianas, 8 (con uno más para Fuerteventura) y La Gomera y El Hierro, 4, si bien entiende que sería discutible ese cuarto de los herreños y podría pasar a Lanzarote. Asimismo, coincidió en bajar el tope regional al 3%, pero aportó una novedad sustanciosa sobre el insular, al plantear que, en las grandes, se limite al 5%, en las medianas, al 15% y en las dos pequeñas, al 25%.

Según recalcó, la triple paridad es necesaria para reequilibrar y Baleares y Aragón se han planteado tenerla. Además, dijo que la desproporción con el País Vasco entre todas las Islas "no llega a 1/5, aunque siempre se hable del 1/17 de El Hierro".

Orozco iguala la reforma a un cambio político

A propuesta de CC, la comisión de ayer la cerró el profesor y jurista Martín Orozco, quien, en coherencia con ese partido, defendió la triple paridad desde el punto de vista de la fundamentación legal y político-jurídico, si bien cree legítimo que se quieran cambios. Su idea fuerza es que romper con ese sistema no implica solo un cambio electoral, sino político, de las estructuras autonómicas. A su juicio, la desproporción es un "parámetro de equilibrio" y no cabe ninguna duda sobre la justificación legal, confirmada por el Constitucional. Eso sí, admite que existen más dudas en el plano político-jurídico, pero considera acertado que, como el País Vasco y Baleares, Canarias disponga de un sistema de configuración "compuesta" que le da especial protagonismo a las islas en un modelo que cabe llamarse federal y que intenta garantizar la "integración, la legitimación de los territorios y el control frente al poder de la estructura compleja". Según insistió, estos equilibrios surgen con el Estatuto por el peso que se le quiso dar a las islas y a que su mayoría electoral estuviera representada. Frente a NC, Podemos, PSOE y, en buena parte, el PP, cree que la visión insularista, los recelos y los miedos de 1982 no han cambiado tanto y que el sistema sigue teniendo sentido, por muchos avances que haya habido, que, a su juicio, claro que se han dado. Por eso, recordó que, de cambiarse cualquier cosa que afecte a este juego de balanzas, ha de consultarse a los cabildos, tal y como fija el Estatuto: "No es algo aleatorio, sino consustancial". Por eso, no ve bien una lista regional y le quita hierro a la rebaja de topes si no afectan a estos reequilibrios pluriinsulares.

Patricia Hernández aclara la postura de Pestana

Más allá de la ponencia, y en respuesta a EL DÍA, la presidenta del Grupo Socialista subrayó ayer que Anselmo Pestana, que preside el Cabildo palmero, no difiere de la propuesta del PSOE de una lista regional de 10 y que, en tal caso, las agencias lo interpretaron mal, con lo que no está con el manifiesto de otros 5 presidentes.