Una nueva jornada de las ponencias sobre la Ley del Suelo de Canarias evidenció ayer las claras diferencias entre casi la mitad del Parlamento, lo que sigue encaminando a una norma estructurante tan relevante como esta a ser de las que menos apoyo tengan de la historia de la Comunidad. PSOE, Podemos y NC mantienen su visión crítica por la falta de un órgano regional que sustituya y ejerza las funciones fiscalizadoras de la Cotmac y, además, los partidos más a la izquierda censuraron ayer lo que consideran "puertas traseras" de la norma.
La diputada socialista Nayra Alemán, en declaraciones a El Día, explicó el respaldo de su grupo a los proyectos de interés insular y autonómico porque se limitarán a situaciones "muy singulares y excepcionales". El PSOE enmendó el texto al extender la expresión "de igual naturaleza" para limitar la excepcionalidad. No obstante, esto no convenció a Podemos y NC. Eso sí, Alemán subraya que se trata solo de un punto de un texto muy amplio que, sobre todo por el órgano regional, acabarán rechazando.
Más optimista se mostró el portavoz de CC, José Miguel Ruano, quien destacó precisamente ese acuerdo con el PSOE, PP y ASG sobre uno de los puntos "complicados". Según recalcó, se ha garantizado que cuando la iniciativa de ese proyecto sea privada, antes de la declaración de interés insular o autonómico, tiene que haber un informe previo del ayuntamiento y, asimismo, se ha establecido que solo caben sobre usos turísticos no alojativos, según la enmienda de CC-PNC.
Ruano también resaltó que los grupos no hayan puesto impedimentos a las "numerosas enmiendas" "in voce" presentadas por NC, si bien quedan a la espera de que se apoyen o no pues deben responder a las premisas de "simplificación, contención y carácter monofásico" que busca la ley. Entre otras, aludió a la de que, sobre la parte detallada del planeamiento, debe hacerse un procedimiento específico.
Por su parte, el diputado de NC Luis Campos rechazó la consolidación de las "puertas traseras" para "saltarse" el planeamiento a través de los proyectos públicos o privados de este tipo. A su juicio, se trata de "la esencia de la desregulación del territorio en las Islas y de la discrecionalidad. Se impone el urbanismo en función de un proyecto en lugar del urbanismo planificado, lo que compromete el desarrollo sostenible y el interés general, afirmó.
Podemos antepone las competencias regionales
La diputada de Podemos Natividad Arnáiz censuró ayer los proyectos de interés insular porque, a su juicio, la Comunidad delega sus competencias urbanísticas y renuncia a la unidad regional y a la cohesión territorial y social de Canarias. Podemos no pudo ver prosperar sus enmiendas a los artículos 124 y 129, que regulan estos proyectos. "Solo estamos de acuerdo con los justificados por el interés autonómico y aprobados por el Gobierno", dijo. Además, recalcó que se necesita proteger las competencias regionales para defender mejor el territorio y el medio ambiente "con políticas que solo debe ejecutar el Gobierno sin desatender las peculiaridades insulares, pero siempre bajo un criterio archipielágico".