Solo lleva algo más de tres meses al frente de la Consejería de Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, pero su experiencia en el Cabildo de Tenerife, donde fue consejera de Acción Social, le ha dado "tablas" para enfrentarse a una de las áreas más complejas de gestionar. Cristina Valido sabe que en el tiempo que tiene por delante -la mitad de la legislatura- no podrá solucionar todos los problemas con los que se ha encontrado desde que llegó al cargo, pero insiste en que el verdadero reto es hacer cambios estructurales para ser más veloces y eficaces en la atención al ciudadano.
¿Cuánto dinero necesita Canarias para cumplir con la Ley de Dependencia, que establece que los usuarios tienen que recibir la prestación en seis meses?
En este momento estamos haciendo números. Podría hacer la cuenta fácil que hacen muchos y calcular tantas personas, tanto dinero al año, pero para que eso sea así hay que organizar toda la estructura administrativa. Hay que reforzar en materia de recursos humanos, de manera que podamos tener más valoradores, pero también tenemos que incorporar a otras administraciones que están destinando mucho dinero al cuidado de dependientes, pero que no aparecen en ninguna estadística porque su presupuesto no está dentro del nuestro, que es lo único que se tiene en cuenta. Tenemos que ordenar todo el sistema y cuando lo ordenemos, que es a lo que me comprometo, podremos tener un panorama más claro de los recursos económicos que necesitamos para resolver todos estos conceptos. Porque debemos tener claro que la dependencia no se resuelve solo poniendo dinero para repartir e ingresar más.
¿No le preocupa que empeoren los datos de beneficiarios que recoge el Imserso?
Es verdad que poner más dinero te da mejores números en las estadísticas y, evidentemente, que haya más gente recibiendo su prestación es altamente positivo e interesante, y vamos a intentar que así sea, pero sería el objetivo más fácil en este momento en el que estamos hablando de una Ley de Crédito Extraordinario. Si todo lo que me piden es que incorpore dinero para que las encuestas den mejor, me facilitan mucho el trabajo, pero entiendo que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque si no ordenamos el sistema nunca vamos a tener cifras reales. Si seguimos así nunca vamos a poder dar con seguridad datos de dependientes en Canarias ni de inversión pública. Tenemos que ser capaces de aglutinar el sistema de manera que cualquiera pueda saber quién lleva cada cosa, qué servicios hay, cómo se financia, quién la financia, cómo se tramitan... No solo los cabildos están ofreciendo recursos especializados, también los municipios. Si conseguimos que todo eso quede perfectamente ordenado y visible, el Estado tendrá que poner mucho más dinero del que está poniendo, porque hoy solo cuentan las cifras que aparecen en nuestro presupuesto. Y eso le interesa mucho al Estado, porque la parte que le toca poner de financiación es menor si no se valora, por ejemplo, lo que los cabildos aportan, que, en el caso de los convenios que financian los grandes centros residenciales de las Islas, es el 50%. Hay decisiones y cambios estructurales cuyos efectos tardan en verse años, pero por eso no tenemos que dejar de hacerlo. Es un error pensar en aquellas actuaciones que me den resultados que sirvan para que me valoren adecuadamente y no trabajar en los cimientos, en lo que no se ve, para que de una vez por todas la dependencia crezca sobre una base sólida. Creo que los titulares y las estadísticas han ido comiendo el tiempo y tomando las decisiones por las responsables políticas.
El reconocimiento de la discapacidad es otra queja recurrente. Los afectados hablan de hasta 14 meses de lista de espera. ¿Qué actuaciones se van a acometer para revertir esta situación?
Estamos viendo de qué manera podemos incorporar personal que nos permita bajar la lista de espera. La ley de estabilidad presupuestaria ha impedido incorporar efectivos a las administraciones públicas, y en los últimos años hemos sufrido las jubilaciones de muchísimas personas que estaban en nuestros servicios, entre otros este. Es algo que está sufriendo toda la Comunidad Autónoma y todo el país. En este caso, estamos viendo de qué manera, a través de planes de choque, podemos ser más rápidos y eficaces. Se ha hecho en dependencia y familias numerosas, donde teníamos también una lista de espera enorme y una situación bastante compleja. Ahora valoramos poner en marcha un nuevo plan de choque que nos permita sumar efectivos a las unidades de valoración de la discapacidad en las dos provincias, y estamos viendo maneras para tener más trabajadores sociales y reforzar también los equipos que tienen que desarrollar los programas individuales de atención (PIA) una vez que son valorados. Pero que nadie crea que este plan de choque va a resolver la situación, porque lo que es fundamental es sentarnos a ponerle cabeza a la organización de la dependencia en Canarias, no solo pensando en las carencias que tiene, sino también pensando en la incorporación de otras administraciones. Si no, el dinero nos puede dar algunas cifras mejores, pero no vamos a ser capaces de resolver el asunto.
El equipo anterior priorizó la dependencia con un plan de choque, pero luego vimos que la lista de espera de familias numerosas se atascó. Ahora ha bajado el número de dependientes beneficiarios pero se ha mejorado la emisión de carnés. Parece que desde que destines más recursos a un servicio, cojea otro...
Llevamos muchos años sin poder hacerlo y viendo cómo se nos iba mucha gente con una gran experiencia que, además, no es fácil de sustituir por gente que empieza y que tiene que adquirir un rodaje. Eso se está notando mucho en la administración pública.
El Diputado del Común se ha quejado de los graves problemas de vivienda y de la falta de un plan en las Islas. ¿Cuándo tendrá Canarias un nuevo plan de vivienda y qué va a ocurrir con las ayudas pendientes del anterior?
Ya estamos negociando con el Estado el nuevo plan de vivienda. El actual finalizó en 2016, pero se prorrogó durante 2017 y está en vigor aún. En el próximo plan se va a producir una mejora, la primera en muchos años, y vamos a poder invertir más en acuerdo con otras administraciones en rehabilitación o adquisición de viviendas para el parque público que se pondrán en régimen de alquiler social. Una de las preocupaciones que tenemos, y a la que espero que podamos hacer frente esta legislatura, es ponernos al día con las deudas heredadas: hipoteca joven, vivienda usada, ayudas para adquisición de VPO, etc. Igual que estamos haciendo en autónomos, que ya hemos pagado a muchos, queremos ir poniéndonos al día con las deudas, y al mismo tiempo seguir negociando el nuevo plan de vivienda para poder presentar pronto sus líneas estratégicas.
La emancipación de los jóvenes no se ha favorecido durante los últimos años, como consecuencia de la crisis y del cambio de prioridades. ¿Estamos listos para poder hacerlo ahora?
Estamos trabajando en ello, pero evidentemente las líneas de actuación hay que consensuarlas con el Estado. No obstante, las prioridades no son las de antes, tenemos muchas familias con menores sin recursos que entiendo que deben ser las primeras en ser atendidas.
A pesar de los últimos datos de desempleo, la tendencia en cuanto a la creación de puestos de trabajo en Canarias es relativamente buena. El paro baja, pero hay muchas críticas a la calidad del empleo que se está creando.
El empleo está en plena transformación, muchas profesiones han desaparecido y están surgiendo nuevas profesiones. Empleos de gran carga, peligrosos para el ser humano, hoy los hacen máquinas y no personas que se rompían la salud y se jugaban la vida. En ese sentido, hoy hay una mejor situación en determinados empleos de carácter industrial o agrícola. Porque, además, al mismo tiempo se está abriendo la posibilidad de nuevos empleos donde las personas siguen siendo necesarias y no hay tanta carga física. Lo que sí hay que revisar es la trayectoria formativa. La reflexión no es solo necesaria, es urgente, porque hay que empezar a plantearse las formaciones que necesitamos que nuestros jóvenes tengan para el empleo y las oportunidades que en el futuro van a tener para trabajar. Debemos adaptar en la medida de lo posible su formación a esas oportunidades, no a empleos donde la mano de obra será cada vez menor.
Pero ¿y qué hacemos con esas personas que están trabajando en malas condiciones o con la economía sumergida, que hay que perseguir pero que también ha supuesto un salvavidas para mucha gente? ¿Es partidaria de intensificar las inspecciones?
Las inspecciones siempre son necesarias, pero creo que esto no se resuelve a base de inspecciones. Las inspecciones son importantes porque hay que garantizar el cumplimiento de la ley y los derechos de los trabajadores, y porque no se puede permitir que haya gente ganando más dinero haciendo trampa y otros, que cumplen la ley a rajatabla, tienen problemas hasta para mantener su negocio abierto. Eso es injusto. Pero también es verdad que evitar eso y emerger esa economía pasa por una revisión también de la legislación laboral, de las condiciones fiscales. En ese sentido, son muy importantes los acuerdos para las bonificaciones que estamos alcanzando en Madrid. Eso hará que mucha gente deje de estar en la ilegalidad y acuda a emerger una buena parte de la economía. No debería ser así, porque todo el mundo tiene que cumplir las mismas condiciones, pero es verdad que en épocas de crisis no solo toca inspeccionar, sino ayudar un poco a que a las empresas no les sea difícil cumplir la ley, bajándoles la presión fiscal y la presión a la hora de la contratación. El Estado se tiene que plantear bonificaciones para que podamos tener mejores datos de empleo.
En ese sentido, el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), que se acaba de recuperar, introduce una serie de bonificaciones. ¿En qué consistirán?
Hay bonificaciones muy importantes que hemos cerrado. Estamos hablando de hasta diez millones de euros que irán directamente a soportar las bonificaciones que se van a producir en contratos a jóvenes menores de 30 años, en los que se podrá bonificar hasta el 90% el primer año, el 70% el segundo y el 40% el tercero; mayores de 45, que podrán contar con una bonificación de hasta el 90% el primer año, y en el caso de las mujeres que se incorporen a un puesto de trabajo en el que están infrarrepresentadas puede llegar a ser del 100% -conductores, operadores de maquinaria móvil, direcciones y gerencias, operadores de instalaciones de maquinaria, peones de agricultura, industria, construcción-. Por eso decía que es importante inspeccionar, pero poder ofrecer este tipo de ayudas también nos va a permitir mejorar la contratación, combatir la economía sumergida. Hemos alcanzado un acuerdo muy importante para que todas esas empresas tengan derecho al disfrute de los beneficios fiscales que por creación de empleo se establezcan en la normativa estatal, con una mejora de un 30% más para Canarias para paliar las enormes dificultades que nos plantea la lejanía o la doble insularidad.
El Servicio Canario de Empleo ha sido criticado por su baja inserción, algo que va en sintonía con el resto de los servicios de empleo de otras regiones, aunque aquí es más bajo. La patronal de Las Palmas ha abogado incluso por su eliminación. ¿Es mejorable ese 1% de inserción que consigue el servicio?
Todo es mejorable. La crítica no nos puede molestar, es un aliciente para seguir mejorando. Otra cosa es que estemos de acuerdo con algunas afirmaciones, como que el SCE no fuera necesario. Esta semana en la sectorial de empleo nos dieron los datos de valoración de los distintos servicios de empleo de España. En los últimos años el SCE ha estado arriba en cuanto a capacidad de gestión y buen funcionamiento y este año somos los primeros. Eso desmonta algunas de las afirmaciones que muchas personas han ido haciendo, lo que, por otro lado, no creo que signifique mala fe, sino desconocimiento sobre qué hace el SCE. Yo siempre digo que es muy difícil imaginarse qué harían los colectivos de especial vulnerabilidad sin el SCE para conseguir un trabajo, para cualificarse. Personas mayores, con algún tipo de discapacidad, mujeres con problemas de integración laboral... Las personas que tienen una buena cualificación y que tienen experiencia, habilidades, no llegan al SCE. En cambio, hay un buen número de personas que acuden al SCE a buscar ayudas, formación u ofertas de empleo. Ese trabajo de intermediario entre las personas que peor lo tienen y las empresas no sé quién lo iba a jugar si el SCE no existiera.
Una consejería llena
de prioridades
Cristina Valido cree que lo más difícil desde que llegó al cargo ha sido "tratar de conocer la consejería por dentro en tiempo récord para conocer sus problemas y empezar a actuar". Reconoce que no ha sido fácil. "Nada más empezar algunos se me vinieron encima: el asunto de los autónomos, las familias numerosas y las dependencias, que siempre están ahí, la lista de espera en la discapacidad, la ley de servicios sociales... Había cosas que solo estaban esperando a que abriera la puerta. Y luego hay otras cosas que hemos ido viendo y que se han convertido también en prioridad y que hay que arreglarlas, aunque no sean fruto de titulares, porque son origen de problemas para el ciudadano", explica la consejera. "Hay muchas cosas que a medida que profundizas tienes que reforzar equipos, tomar decisiones o simplificar procedimientos para que podamos responder en tiempo razonable. Eso ha supuesto la mayor parte del trabajo, con la angustia de saber que tienes poco tiempo, porque esta legislatura se va, y con muchas ganas de mejorar muchas cosas, que es el objetivo. No sé si hay tiempo para resolverlo todo, probablemente no. Pero, desde luego, por lo menos mejorar en la medida de lo posible todo lo que me estoy encontrando".
Un diagnóstico de la dependencia
Para avanzar en la reestructuración del sistema de dependencia, Valido se ha comprometido a "crear un equipo de expertos aquí y otro en la provincia de Las Palmas para hacer un diagnóstico y tener una relación de asuntos que hay que solucionar con brevedad, en corto espacio de tiempo". "Tenemos que saber qué cosas tenemos que resolver para que esto funcione adecuadamente. Y eso es a lo que me comprometo a tener pronto para empezar a tomar decisiones. Después habrá decisiones que empecemos a tomar pero cuyos efectos no se van a producir hasta tiempo después".
El dinero para cursos de empleo, muy tarde
El dinero llega tarde y dificulta las políticas de formación del Servicio Canario de Empleo. "Los convenios de empleo desaparecieron y el dinero que nos toca lo venimos recibiendo en diciembre. Es muy difícil montar a toda prisa la oferta formativa cuando los formadores cierran sus contratos para todo el año como mínimo desde finales de agosto o septiembre", se queja la consejera. "Cuando por fin te llega el dinero, ya tienes el mercado de formadores complicado". Además, Cristina Valido reconoce que el tipo de formación que se ofrece también debe adaptarse a los nuevos tiempos y "ofrecer novedades".