El juez Salvador Alba anuló la grabación del soborno que destapó el caso Unión porque consideró que el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino (PSOE), no la hizo de forma espontánea, sino como "evidente intermediario" de la Guardia Civil.

En su calidad de magistrado designado por la Audiencia de Las Palmas para presidir el juicio ante Jurado en el que se juzgará el caso, Alba rechazó que pueda utilizarse como prueba la grabación que Carlos Espino hizo el 5 de junio de 2008 al empresario Fernando Becerra mientras este le ofrecía un soborno, presuntamente en nombre del abogado Luis Lleó, si les ayudaba a desbloquear una licencia para construir un millar de viviendas en Playa Blanca.

En un auto difundido ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma (TSJC), el juez aseguró que ese audio no cumple las condiciones que exige la jurisprudencia para aceptar una grabación hecha por una persona que participa en ella sin el conocimiento de sus interlocutores.

Salvador Alba sostiene que se trata de una grabación "subrepticia" tras la que ve la mano de la Guardia Civil, que facilitó a Carlos Espino el aparato con el que se registró la conversación que mantuvo ese día en su despacho oficial con Becerra y otras posteriores.

"El señor Espino utilizó una grabadora oculta facultada por la Guardia Civil, lo que es igual a que la Guardia Civil oculte en el despacho del señor Espino dicho dispositivo y obtuviera la grabación, sin autorización judicial ni conocimiento judicial de dicha limitación de derechos fundamentales", argumentó.

El magistrado recordó que el 5 de junio de 2008 no había "ni siquiera una investigación policial" abierta sobre ese supuesto soborno, sino que lo que ocurrió es que la Guardia Civil había estado la víspera en el despacho de Carlos Espino, este les contó los ofrecimientos supuestamente ilícitos que estaba recibiendo y les reveló que iba a tener de inmediato una reunión con Becerra.

Y subrayó que es Espino quien les dijo a los agentes que "necesita algún dispositivo para grabar una conversación que iba a tener al día siguiente", aparato que la Guardia Civil le entregó "sin ni siquiera comunicar" este asunto al juez de guardia en Arrecife.

"Es decir, los agentes de la Guardia Civil utilizan a Carlos Espino para obtener una grabación para incorporarla a un atestado, sin comunicar nada al Juzgado de guardia", precisó.