El 77% de los centros educativos de Infantil y Primaria de Canarias consideran insuficiente la actual dotación de docentes para cubrir las necesidades pedagógicas y organizativas del centro, según un sondeo realizado por el sindicato STEC-IC en sesenta colegios de todo el Archipiélago en relación a la actual plantilla docente existente en los mismos.

El sindicato criticó ayer, en una rueda de prensa para presentar los datos, que la Consejería de Educación haya impuesto una dotación de docentes en virtud de un catálogo de plantillas que data del año 2002 y que "no haya querido renegociar, pese al incremento de las tareas docentes y el cambio de las necesidades organizativas y pedagógicas de los centros educativos desde esa fecha".

Entre las demandas de los centros educativos se encuentra el incremento del profesorado de Necesidades Educativas Especiales, así como del número de docentes en general, a fin de atender adecuadamente las diferentes especialidades y las necesidades de apoyo específico que requiere una parte del alumnado con desajustes de aprendizaje de algún tipo.

En este sentido, el STEC-IC afirmó que los resultados obtenidos en el sondeo ponen de manifiesto la falta de profesorado y horario suficiente para desarrollar una adecuada atención a la diversidad respecto al alumnado en los centros educativos.

Del estudio también se extrae que la falta de docentes en los centros de Infantil y Primaria dificulta el desarrollo de medidas de atención a la diversidad para el alumnado que lo requiere y que, habitualmente, es el alumnado inmerso en situaciones de contextos sociales desfavorecidos.

Esta situación, según el sindicato, perjudica al alumnado más vulnerable, atentando directamente contra uno de los valores del sistema educativo, como es el de la equidad y la igualdad de oportunidades que ofrece pese a las diferencias sociales de partida. Muchos centros relacionan la carencia de docentes con los recortes presupuestarios que el sistema público educativo viene sufriendo desde hace años. En términos generales, se demanda una reducción de ratios, una disminución de las tareas burocráticas y un mayor porcentaje de horario sin atención directa al alumnado a fin de poder desarrollar tareas de preparación de clases, coordinación docente y desarrollo de proyectos. El STEC-IC considera que la inversión presupuestaria en materia educativa en el archipiélago roza "límites vergonzosos", y afirma que el incremento de 42 millones de euros aprobado para el presente ejercicio es "a todas luces" insuficiente y supone una "verdadera estafa" para el sistema público educativo.

Incumplimiento de la Ley Canaria de Educación

Desde la organización recuerdan que la Ley Canaria de Educación aprobada en 2014 establece que el presupuesto educativo deberá incrementarse progresivamente todos los años para poder alcanzar en 2022 el objetivo de inversión del 5% del PIB, por lo que el presupuesto para 2017 tendría que haberse incrementado en unos 372 millones de euros. Para el STEC-IC, "el incumplimiento es una clara muestra de la importancia real que nuestros mandatarios otorgan al progreso de la sociedad canaria".