La mejora de las cifras de empleo no convence a Gustavo Santana, secretario general de UGT en Canarias, que recela de la precariedad que se esconde detrás de los datos. Su organización, junto a otros sindicatos, sale hoy -1 de Mayo- a las calles para reclamar empleo de calidad y exigir de nuevo la retirada de la reforma laboral.

El paro ha subido en Canarias el primer trimestre del año y ha vuelto a superar el 25%. ¿Teme que la creación de empleo se ralentice?

La creación de empleo lleva en encefalograma plano desde hace ya muchísimo tiempo. Una cuestión diferente es que desde los ámbitos políticos y empresariales se nos quieren vender las contrataciones como si fueran empleos. No es lo mismo hacer contratos que crear empleo. En Canarias se han efectuado decenas de miles de contratos, el 90% de ellos temporales y sujetos a un alto porcentaje de jornada parcial. Eso no quiere decir que los trabajadores no hagan las jornadas completas, sino que no se les paga ni en compensación económica ni en días de libranza. Lo que está pasando en las Islas es infumable, con la actividad económica actual, que está en una fase de expansión muy importante. Hay una cultura empresarial que no quiere contratar, que está aprovechando este periodo de crisis para obtener más beneficios, y el regulador que tendría que intervenir en esta situación, que es el Gobierno de Canarias, está totalmente ausente. Esta situación nos preocupa porque se puede cronificar este desempleo o que quien lo tenga esté sujeto a riesgos de exclusión social o pobreza.

Los datos indican que la desigualdad y el riesgo de pobreza se están incrementado.

Si no hay una resolución rápida de los poderes públicos para revertir la situación, esta puede cronificarse y adquirir una gran gravedad. Hay un agravante añadido: parece que el Gobierno no tiene un plan ni una estrategia para salir de esta situación, a la vista de las leyes que se están tramitando en el Parlamento. Se ha aprobado la mal llamada ley de las islas verdes y se está tramitando la ley del suelo y la ley turística. Si añadimos a esto los presupuestos generales del Estado, que contemplan una proyección millonaria en inversión pública, lo que nos está diciendo el Gobierno canario es que apuesta por el mismo modelo de crecimiento que nos ha traído a esta situación de pobreza y exclusión social, sustentada en el binomio construcción-turismo. Vemos con preocupación que el Gobierno, en lugar de tener una estrategia clara para avanzar hacia la diversificación económica y una economía sostenible, esté dando pasos en falso.

El Gobierno habla mucho de esa estrategia de diversificación. ¿No la tiene?

No. Está apostando por el mismo modelo de crecimiento. No tiene una estrategia clara. Se intento vender el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) como un intento de cambiar el modelo productivo, pero se ha convertido en una política para transferir dinero hacia los cabildos. Un ejemplo: las políticas activas de empleo están insularizadas y no sabemos, porque no tenemos elementos de control para ello, si van a ser eficaces para atender a los sectores sensibles de nuestra población, en especial los parados de larga duración y las familias que no tienen ningún tipo de ingreso y que en muchos casos tienen menores a su cargo. O bien el Gobierno está muy desorientado o está apostando por claridad por un modelo de crecimiento que ha demostrado ser un fracaso.

¿La precariedad ha venido para quedarse? ¿Se ha convertido en una forma de vida?

La intención de ciertos poderes públicos y empresariales es que la precariedad sea permanente. Tenemos que rechazar eso de plano. El Primero de Mayo se presenta como una oportunidad para expresar, a través e la movilización, nuestro rechazo a esta situación que se ha creado en todo el país ,y especialmente en Canarias. Hay quienes viven muy bien -y me refiero a empresarios, pero también a políticos- con esta precariedad de los trabajadores, porque mientras haya gente que tenga una necesidad, podrán satisfacer sus necesidades empresariales en términos de mayores beneficios o mediante políticas clientelares, y vender a esas personas que están sujetas a esta situación de pobreza y precariedad que gracias a ellos han podido sustentar su situación con ciertas garantías. No es así, porque un empleo precario no es una garantía de tener suficiente retribución económica a fin de mes para afrontar el día a día.

La contratación temporal se mantiene en términos similares a los de antes de la crisis y de la reforma laboral. ¿Es una característica estructural del sistema?

Es una cuestión de cultura empresarial. El modelo no nos obliga sí o sí a tener contratos temporales. La actividad económica en el Archipiélago es estable y permanente. Desde 2011 se está experimentando una fase de expansión y no se justifica que se contrate continuamente de forma temporal y sustituyendo unos trabajadores por otros. Esa actividad certifica que es un empleo estable. También es un problema de cultura política. A través de los presupuestos del Estado o del REF, los empresarios tienen exenciones fiscales, incentivos, bonificaciones a la contratación, pero no se pide ningún tipo de corresponsabilidad para intentar limitar estas situaciones. Pasa tanto en las empresas privadas como en las públicas y las administraciones, donde no se hace un esfuerzo por estabilizar el empleo. En el sector público también hay mucho empleo temporal.

¿Cambiarán algo la situación los incentivos a la contratación indefinida previstos en los presupuestos generales del Estado?

Incentivos a la contratación siempre han existido y no han tenido ningún efecto ni se ha percibido que realmente faciliten la contratación estable, indefinida y de calidad. No hay elementos de control con los que de verdad podamos demostrar que tienen efectos reales sobre cierta población en riesgo. La sensación y la experiencia que tenemos es que muchísimas veces las bonificaciones han sido utilizadas por los empresarios para ahorrarse costes laborales y conseguir así mayores beneficios. Si no se controlan, no sirven para nada.

La Confederación Canaria de Empresarios se ha quejado de la falta de eficacia del Servicio Canario de Empleo y ha llegado a sugerir su cierre.

Hay que diferenciar lo que es el SCE como entidad pública de intermediación, orientación y formación laboral, una función en la que no debe ser sustituido. Quienes proponen su cierre quieren remplazarlo por empresas de trabajo temporal o multiservicios. Buscan privatizar. El problema no está en esa función, sino en el diseño de las políticas activas de empleo, que se pensaron para un periodo precrisis. La Consejería de Empleo ha sido muy inestable, y eso no ha sido bueno. Es una responsabilidad política. Las políticas de empleo hay que diseñarlas de nuevo para un periodo poscrisis y vincularlas a políticas sociales, para así buscar una solución a decenas de miles de familias y personas en edad de trabajar, sobre todo parados de larga duración. Ahora no están siendo efectivas, posiblemente porque los diferentes dirigentes políticos están más pendientes de cumplir con los indicadores que exigen tanto el Fondo Social Europeo como el Gobierno central que de los resultados prácticos y con un impacto real.

Los sindicatos han planteado en el proceso de negociación colectiva la elaboración de un plan de protección social. ¿Cómo lo han recibido las organizaciones empresariales y el Gobierno?

Nadie puede oponerse a ese plan. El problema es que los plazos de discusión se alargan muchísimo. Ya no es ni siquiera un problema de discusión presupuestaria, porque -empleando un término muy canario-, la alcancía está llena. Hay presupuesto, y si se aprobaran los del Estado -que todo apunta a que puede ser-, Canarias tendría fondos más que suficientes para poder atender a aquellas familias en situación de pobreza, con todos sus miembros en paro y con menores a su cargo, a través de una prestación. La propuesta está ahí. No hay problemas técnicos ni presupuestarios.

¿Y hay voluntad?

La voluntad se plasmaría diciéndonos que sí. Si se alegan dificultades técnicas, nosotros decimos que no existen. Y si existieran, las solucionamos. Por ejemplo, una base de datos de todas las unidades familiares con todos sus miembros en desempleo. Ahora no existe, pero el Gobierno puede elaborarla si coordina una acción con todos los ayuntamientos.

¿Hay que exigir más al sector turístico en creación y calidad de empleo?

Con algunos empresarios del sector hay que ser más exigentes, pero hay algunos que tienen un comportamiento óptimo, por ejemplo en el cumplimiento de los convenios colectivos y del porcentaje de 60% de empleo indefinido en las plantillas que recogen. Creemos que todo el conjunto del sector turístico puede contratar más y mejor. Las plantillas actuales son insuficientes y menores, incluso, que las de antes de la crisis. Como caso simbólico, aunque no es el único, hablamos siempre de las camareras de piso. No nos engañemos, porque a veces encontramos grandes empresarios del sector que buscan cualquier recoveco para evitar cumplir con los convenios colectivos y ahorrar en salarios. El convenio de la provincia de las Palmas dice que cualquier actividad que se produzca dentro de las empresas del sector debe estar sujeta al cumplimiento de los salarios estipulados en el convenio. Como ejemplo, las limpiadoras: algunas, contratadas a través de empresas multiservicios, cobran en torno a 600 euros cuando el convenio establece el doble.

El TSJC ha sentenciado que el alquiler vacacional puede ejercerse en las zonas turísticas. ¿Teme que esta modalidad se extienda en perjuicio de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros y que esto afecte al empleo?

No tiene por qué. Entendemos que es una situación que hay que regular, pero no tiene por qué chocar con nuestro modelo turístico. Una buena parte de nuestro modelo está consolidada y no debe tener miedo a la aparición del alquiler vacacional. Cuestión diferente es que haya que regularlo para saber qué queremos hacer con él y no generar desconfianza ni competencia desleal, que no tiene por qué existir.

¿Son positivos para Canarias los presupuestos generales del Estado? ¿Deben apoyarlos los diputados canarios?

Si se piensa solo en términos territoriales y de crecimiento de partidas, los presupuestos son beneficiosos para el Gobierno canario, pero nosotros tenemos una visión más amplia. Ahora que Nueva Canarias puede hacer valer su voto de oro, hay decenas de miles de pensionistas canarios, y los presupuestos no revalorizan las pensiones. Lo mismo lo aplico al salario de los empleados públicos. Está muy bien ser nacionalista, pero para nosotros es mejor ser progresistas. Lo que va a generar economía productiva son estos elementos de revalorización de las pensiones, subida del salario de los empleados públicos y aumento de partidas en materia de protección social, mucho más allá de que se proyecten partidas para construcción o inversión pública, que se ha demostrado que, aunque suceda y se experimente un crecimiento del empleo, este es coyuntural. Hay que tener altura de miras y altura política. El voto de los diputados canarios también debe servir para eso.

¿Cómo queda la Ley del Suelo tras los cambios que está experimentando en su tramitación?

Veremos la foto final. Parece que la han edulcorado un poco, lo que no quiere decir que haya experimentado una modificación sustancial. Quedan todavía muchos recovecos por los que pueden instalarse proyectos urbanísticos que nadie garantiza que estén dentro de los marcos éticos y que no estén sujetos a la especulación económica. Rechazamos esa ley, aunque esté sufriendo algún cambio no sustancial por la presión política en el Parlamento.

Cifras de afiliación en ascenso

La reactivación de la actividad económica y, asociada a ella, el incremento del número de trabajadores que "sufren los efectos de las prácticas empresariales y de la reforma laboral" y que "confían en el sindicato" han impulsado un moderado aumento de las cifras de afiliación de UGT en Canarias, según su secretario general. Gustavo Santana atribuye también este hecho a la "estabilidad interna" de la organización y a su decisión de estar "pendiente de la acción sindical" en lugar de "mirarse el ombligo". "Quizá esta tranquilidad en los últimos años ha facilitado que tengamos un pico de crecimiento en la afiliación", sostiene.

Una "campaña" contra la acción sindical

Cuando se le pregunta por la paradoja de que los peores momentos para los trabajadores hayan coincidido con el mayor deterioro de la imagen de los sindicatos, Gustavo Santana no niega que la organización haya podido cometer errores, pero denuncia con contundencia una "campaña" emprendida por "ciertos poderes económicos y políticos" con el fin de "deslegitimar" su actuación y deshacerse del "único obstáculo que les quedaba para ejecutar las reformas laborales y empobrecer" a la población. "No lo han conseguido: los sindicatos de clase tenemos raíces fuertes en las empresas, y ahí seguimos, ganando elecciones y haciendo acción sindical".

Los sindicatos no tienen "una varita mágica"

El secretario general de UGT Canarias admite que puede haber un colectivo de trabajadores -los más sumidos en la precariedad- que no se sientan representados por los sindicatos. "Dentro del sufrimiento al que están expuestos esos trabajadores y las pocas garantías de estabilizarse, puede haberse dado ese caso". Sin embargo, advierte de que las organizaciones sindicales no tienen "una varita mágica" y señala a los empresarios, que son quienes "tienen capacidad de contratación y de ejecución de las reformas laborales". Ademas, puntualiza, en muchas pequeñas y medianas empresas de las Islas -las pymes son más del 95% del tejido empresarial- no existe representación sindical.

Fundescan: a la espera de una resolución

El largo proceso judicial que afecta a la Fundación Canaria para el Desarrollo Social (Fundescan) no llega a su fin, aunque Gustavo Santana confía en que los tribunales terminen por desvincular a UGT de la entidad y, por lo tanto, de las responsabilidades en su quiebra y la deuda que arrastra. "Hay que recordar que UGT no es la empresa concursada", apunta el dirigente sindical.