La Plataforma por un Territorio Sostenible, que aúna a grupos ecologistas y ciudadanos, considera que la Ley del Suelo "supone un varapalo a la participación y expulsa a los ciudadanos de la planificación del territorio", ha dicho hoy su portavoz, Álvaro Monzón.
En su opinión, esta reforma legal supone un retroceso social, pues los casos de corrupción pueden frenarse con participación ciudadana y la máxima transparencia en la administración.
Con el fin de aunar fuerzas de todos los colectivos sociales, la Plataforma por un Territorio Sostenible ha organizado un encuentro pasado mañana, sábado, en Las Palmas de Gran Canaria, bajo el lema "Conflictos, territorio, participación", para analizar la Ley del Suelo y sus consecuencias.
La Plataforma rechaza este proyecto de ley porque "apuesta por el desarrollismo, la destrucción del paisaje, el deterioro de los recursos naturales, la desarticulación del territorio y el debilitamiento de las normas, a las que se considera una carga en lugar de una defensa del interés general".
Entre sus reivindicaciones está un suelo rústico que no esté al servicio de intereses especulativos y un suelo agrícola protegido que se entienda como bien colectivo, que genere riqueza y empleo.
También propone una política territorial que contribuya a desarrollar una sociedad más próspera y justa y un territorio más equilibrado y mejor conservado, algo que la Ley del Suelo no permite, según la Plataforma por un Territorio Sostenible.
Su también portavoz Antonio Pérez considera que la Ley del Suelo supondrá "un desequilibrio a favor de los especuladores y una mayor indefensión de los ciudadanos y los defensores del patrimonio natural".
Pérez considera que aunque el proyecto de Ley del Suelo experimente mejoras durante el trámite parlamentario, "su esencia no va a cambiar".
Uno de sus peores consecuencias, según Pérez, es que "consagra formas excepcionales de participación, para resolver problemas rápidamente sin contar con nadie".