María del Carmen Marrero es la tercera directora general de Dependencia y Discapacidad en dos años y medio. Llega a un servicio que durante años fue el gran olvidado y que todavía hoy necesita muchos recursos y muchas ganas. Licenciada en Psicopedagogía, tiene experiencia al frente del centro de menores de Valle Tabares y en la prevención de las drogodependencias, entre otros ámbitos. Destaca el papel de los trabajadores que intentan que el sistema funcione lo mejor posible.
Acaba de llegar a una de las direcciones generales más complicadas y que más abandono ha sufrido históricamente. ¿Cuál es su diagnóstico?
Estos casi tres meses han sido un máster acelerado. El primer día, con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y, al día siguiente, con la de Municipios (Fecam) para ver cuáles eran sus demandas y qué camino tomar. Cada vez que uno va escarbando se va encontrando cositas nuevas. Es complicado. Tenemos muchísimas solicitudes, tanto de dependencia como de discapacidad. En el servicio no es que tengamos mucho personal que sea capaz de dar respuesta a todas las solicitudes, y hay otros aspectos propiamente técnicos, como las bases de datos que se utilizan para trabajar, que hay que mejorar. Venimos arrastrando una situación heredada de cambios de sistema que han tenido como consecuencia pérdidas de información. Uno de los principales objetivos que me he marcado es definir un sistema de información eficaz con el que la gente sea más eficiente, que sea una herramienta que permita la descentralización del sistema de dependencia, la simplificación administrativa, y que un solicitante no tenga que presentar una documentación ingente. No es una tarea nada fácil, pero sí quiero que el personal se sienta orgulloso del trabajo que hace. Al servicio de dependencia y discapacidad todavía nos dicen: ¿pero ustedes existen? Hay que definir bien la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Dirección General, y eso todavía es un trabajo pendiente.
¿Cuáles fueron las peticiones de los representantes de los cabildos y los ayuntamientos?
El primer asunto en materia de dependencia fue la firma de los convenios con los cabildos. El año pasado algunos convenios se firmaron en diciembre y eso dificultó la ejecución. Otros aspectos tienen que ver con la discapacidad. La consejera tiene que convocar el consejo de accesibilidad, definir la comisión y llevar a trámite todos los aspectos que están pendientes desde el año 2015, cuando se reunió por última vez. De la misma manera, hay que mejorar y actualizar la ley canaria de accesibilidad, porque en estos diez años los cambios han sido muchos. Tenemos que ponernos al día, en aspectos técnicos y en la cartera de servicios. Por ejemplo, en el ámbito residencial se ha creado esa nueva figura que es el cohousing, y tenemos que ponerle cuerpo. Yo a muchas entidades y ayuntamientos con los que me he ido reuniendo estos meses les he planteado que no podemos tener residencia en todos los municipios, porque si no, ¿qué serían nuestras islas? ¿Parques residenciales? Nuestra geografía es complicada, las necesidades que tiene cada isla son diferentes, no podemos establecer un marco único para toda Canarias. En muchos ayuntamientos saben de personas mayores que viven solas, que tienen su grado de dependencia... Pues podríamos promover que vivan todas juntas en una casa que reúna todas las condiciones de accesibilidad y puedan tener todos los servicios compartidos. Tenemos que empezar a trabajar en esa línea. Y tenemos que empezar a pensar en incorporar este asunto cuando hablemos del parque de viviendas para dependientes de grado 1, que tienen una autonomía. Por eso, otra de las líneas que queremos trabajar a fondo son todos los servicios de promoción y prevención de la autonomía personal.
¿Se deben priorizar las ayudas a los dependientes en función de qué criterios: edad, grado...?
El equipo anterior priorizó los menores de 21 años y los mayores de 85, pero ahí queda una franja enorme que con grado tres necesitan una solución y una propuesta de atención. Ya están trabajando los equipos. Trabajamos en muchas líneas, no en una sola. Creo que no hay que iniciar líneas de trabajo que sean puntuales, sino que se puedan consolidar.
¿En qué cambiará la dependencia en Canarias si se pone en marcha un sistema descentralizado como el que propone la nueva Consejería?
El número de solicitudes de dependencia no puede depender solo de un servicio, que tiene una limitación en cuanto a recursos humanos. Es que hasta si queremos crecer en recursos humanos en la Dirección General también debemos tener en cuenta que no caben todos. Hay que ir estudiando eso, porque nos va a venir otro plan de choque y hay que prever cómo organizarlo, qué requerirá ese personal en cuanto a recursos materiales, ordenadores, "tablets"... Hay que acercar al ciudadano la atención y ahí juegan un papel fundamental los ayuntamientos. El informe social, que es algo que se requiere durante el procedimiento, lo podría aportar el ayuntamiento. También estamos estudiando la posibilidad de contar con colegios profesionales, cabildos o la Consejería de Sanidad para la parte de la valoración. Todo pasaría por hacer convenios con ayuntamientos en los que se definirían las atribuciones. A nosotros nos toca la resolución del grado y la elaboración del Plan Individual de Atención (PIA), pero con una coordinación y una buena formación previa podemos llegar a descentralizar y llegar a esa población que tiene una resolución y no se ha consolidado en un derecho. Vamos a intentar tener antes de final de año un sistema electrónico que funcione, que permita a los ayuntamientos volcar los datos de forma eficaz.
Aún contando con la ayuda de otras instituciones, ¿cuándo tendrá dependencia una plantilla ajustada a las necesidades reales y no sujeta a estos planes puntuales?
Cuando entramos nos encontramos con que el personal de la Comunidad Autónoma se había ido jubilando y no se habían ido reponiendo esas plazas. Recientemente hemos tenido la noticia de que se ha abierto la posibilidad de convocar oposiciones, lo que nos da un campo de crecimiento para consolidar las estructuras de personal que necesitan cada uno de los centros directivos. A fin de cuentas, los planes de choque son con bolsas de funcionarios y nos hemos visto en la tesitura de bolsas que están vacías, en las que no hay personal para poder contratar. Lo de las oposiciones es fundamental y se van a convocar, pero no es un tema de hoy para mañana, así que no tendremos nuevos funcionarios hasta dentro de uno o dos años. Pero sí que es importante consolidar equipos técnicos en dependencia, de valoración en discapacidad. El primer plan de choque llegó el año pasado, pero se había pedido bastante antes. Luego se pidió otro que llegó entre febrero y marzo. Y todavía no ha terminado de entrar todo el personal, porque hay categorías que no había en la bolsa de empleo y hemos tenido que reconvertirlas en otras, que no importa, porque también nos hacen falta. Todavía estamos a la espera de que llegue alguno. El personal en Gran Canaria, que se llevó para tramitar la lista de espera de los carnés de familia numerosa, se incorporará a dependencia una vez que haya dejado prácticamente al día la lista de espera.
¿Por qué estaba tan colapsado el servicio de familias numerosas? ¿Se priorizaron otros?
La verdad es que no lo sé, pero sí sé que la consejera llegó y vio que había esa necesidad, que había mucho retraso, y se quiso aprovechar que existía ese personal para dejarlo al día.
El equipo anterior hizo un estudio económico para calcular cuánto dinero necesitarían al año para que el servicio de dependencia funcionara adecuadamente. Concluyó que 30 millones al año. ¿Es suficiente o, teniendo en cuenta que muchos dependientes ni siquiera piden la ayuda, tendríamos que hablar de más?
Es verdad que hay mucha gente que no pide las ayudas. En estos años ha habido momentos con picos de aumento y bajadas de solicitudes que habrán tenido que ver con la percepción del ciudadano. También en el servicio ha habido una situación de desmotivación, desencanto, por no tener capacidad económica y recursos para dar respuesta. Y tener que dar resoluciones sin que eso luego se consolide en un derecho es bastante frustrante. ¿Previsiones de crecimiento? ¿Que tengamos que aumentar casi anualmente 30 millones cada año? Sí. Yo leí ese informe económico y me parece que, desde luego, tenemos que marcar una senda de crecimiento. Estoy haciendo también el cálculo de qué nos supone llegar a un número determinado de altas en un año. Pero no solo en cuanto a prestaciones económicas, sino a cómo armar la estructura del servicio, la teleasistencia... Analizar si tenemos esa capacidad de dar todas esas altas. Y solo con nuestro servicio no podemos. El año pasado crecimos bastante, se hizo necesario un plan de choque y muchas horas extra del personal, pero si queremos mantener eso o ir a más no podemos depender solo de un el plan de choque. Por eso estudiamos vías con los ayuntamientos, los colegios profesionales o con la Consejería de Sanidad.
Críticas al secretario de Estado por los fondos
Las declaraciones del secretario de Estado Mario Gracés, que participó la semana pasada en un acto del Partido Popular en Gran Canaria, siguen generando críticas por parte del gobierno regional. La directora de Dependencia y Discapacidad vuelve a insistir en que la participación del Estado está en torno al 20%. "Las declaraciones son inadecuadas. El secretario ha querido incorporar en su cálculo financiación no finalista, que va para servicios esenciales y no para dependencia. Solo consideramos financiación para dependencia la que tiene carácter finalista. La hacienda del Gobierno de Canarias lo ha dejado claro. No tiene razón y se lo trasladamos ayer (por el jueves) a la directora del Imserso. Creo que la consejera ha dejado claro este asunto, igual que los problemas que hemos tenido con el sistema de información. La directora del Imserso está al tanto de los complicaciones que hemos tenido con el sistema de dependencia", zanja.
Nueva financiación entre Estado y autonomías
Definir cuánto pone el Estado y cuánto las comunidades autónomas es objeto de debate estos días en una comisión creada para evaluar el sistema de dependencia y los retos ante el progresivo envejecimiento de la población. "La ley nunca concretó específicamente cuál era la proporción exacta: cuánto ponen ellos, cuánto nosotros. El análisis que estamos haciendo en esta comisión es para ver cuál debe ser el nivel de financiación mínimo del Estado. Nuestro objetivo es llegar como mínimo a ese 50%". El modelo que más se parece al que quiere impulsar el Gobierno autonómico en el Archipiélago en materia de dependencia es el de Castilla y León. "El objetivo es que los ciudadanos sufran lo menos posible los problemas de gestión del servicio, y para eso necesitamos un sistema de información accesible para los ayuntamientos", subraya.