La portavoz de políticas sociales del grupo Popular, Josefa Luzardo, ha manifestado hoy que el Gobierno de España financió en 2016 el 86,2 por ciento de los 104 millones de euros presupuestados por el Gobierno de Canarias para la atención a los dependientes canarios.

Luzardo en una nota de prensa indica que la dependencia se financia al 50% entre el Estado y Canarias y señaló que, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Gobierno del PP envió el año pasado a las islas 89,8 millones de euros para financiar el sistema de la dependencia.

Estas afirmaciones llegan después del cruce de acusaciones entre el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, que, en una reciente visita a Las Palmas, pidió cuentas al Gobierno de Canarias por los pobres resultados que obtenía en dependencia a pesar del 50% de fondos que recibía de Madrid, y la réplica de la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, quien rebajó la aportación estatal al 13,86% de los fondos empleados.

Sin embargo, Lutzardo concreta que los fondos estatales para Canarias llegaron a 26.650.466 euros por el nivel mínimo y 63.130.000 euros como financiación adicional, por lo que requiere al Gobierno de Canarias que explique a cuánto asciende su 50% "y qué ha hecho con algunas partidas que no han llegado a los dependientes canarios".

La portavoz parlamentaria pide a los responsables de Servicios Sociales que no utilicen la financiación "como cortina de humo" para tapar, afirma, los malos datos de su gestión en el primer trimestre del año y asegura que han empeorado "los malos resultados del anterior equipo".

"Entre el 31 de diciembre y el 31 de marzo los malos datos se han agravado. Hemos perdido 552 beneficiarios y solo han sido capaces de sacar de las listas de espera a una persona cada dos días. A este ritmo no es de extrañar que el presidente Clavijo piense que tardaremos 20 en conseguir una Canarias más justa", señala Luzardo.

Agrega la diputada que el balance del primer trimestre "no puede ser más decepcionante" y afirma que hay 29.733 personas valoradas con derecho a prestación de las que 16.439 ya reciben prestaciones, lo que supone un 55,29% (la media nacional está en el 72,38%).

Este porcentaje se eleva al 68,75% si solamente se refiere a los grados II y III de dependencia, por debajo de la media nacional (85,09%), añade Luzardo.