El catálogo de la futura Ley de Servicios Sociales estará listo, previsiblemente, dentro de un año. La norma llegará al Parlamento de Canarias antes del mes de agosto -con la intención de que sea aprobada en septiembre tras el trámite de enmiendas- y las prestaciones quedarán recogidas en un documento posterior que se culminará un año después.
Esa es la hoja de ruta que ha trazado la Consejería de Políticas Sociales y que ayer fue planteada a todos los colectivos que han participado en la confección del nuevo marco legislativo, que busca convertir en derechos lo que hasta ahora ha sido asistencialismo. La responsable del área, Cristina Valido, que presidió por primera vez este órgano consultivo, explicó que espera que en el plazo de un mes se pueda "trasladar el documento de la ley al Consejo de Gobierno para que, desde allí, se remita al Consultivo". Este órgano cuenta con un mes de plazo para informar sobre el borrador, de manera que, indicó Valido, "se espera que el anteproyecto entre en la Cámara antes de la época vacacional para el estudio por parte de los diferentes grupos parlamentarios".
Además, la consejera aclaró que durante los últimos meses el Gobierno ha llevado a cabo un intenso trabajo para incorporar y consensuar muchas de las alegaciones presentadas por las diferentes agentes implicados, lo que ha permitido "mejorar muchísimo el documento actual". Solo los trabajadores sociales presentaron cerca de 200 al texto inicial.
El catálogo, además de aglutinar las prestaciones que ya existen, incorporará otras que los colectivos y la Consejería consideren oportunos para dar respuesta a las demandas de la sociedad. Asimismo, el objetivo del catálogo es actualizar el coste de esos servicios, que hoy se encuentran muy por debajo de la realidad.
Esa actualización tendrá que acometerse de manera paulatina a medida que la economía vaya mejorando, pero Valido calcula que en dos o tres años podría culminarse. El modelo que se seguirá para poner en marcha el catálogo será el de Castilla y León, aunque también se ha estudiado el andaluz. El primero se puso en marcha hace tres años y ya está en fase de evaluación, lo que permite que sea usado como referencia de calidad, apuntó la consejera.
Todos los colectivos presentes en el Consejo votaron favorablemente el informe, a excepción de los colegios profesionales de trabajadores sociales y Comisiones Obreras, que se abstuvieron en los tres casos. La amplia mayoría estuvo de acuerdo con el recorrido del proceso participativo.
Los representantes de los dos colegios de trabajadores sociales provinciales manifestaron ayer su preocupación por ese año de "transición" entre la aprobación de la norma y el diseño del catálogo de servicios. Estos dos colectivos fueron los únicos que mostraron discrepancias acerca del anteproyecto. A su juicio, la norma debería ser más clara en ese sentido.
Los responsables están convencidos de que una vez que la cartera de prestaciones esté lista no habrá problemas de competencias, pero temen que durante ese tiempo haya dificultades para que determinados ayuntamientos presten servicios.
Desde que entró en vigor la ley de racionalización del gasto público, muchos interventores han echado para atrás servicios municipales, ya que consideran que no es responsabilidad del ayuntamiento. Esas decisiones han hecho que la diferencia entre residir en una localidad o en otra se acentúe. Los trabajadores sociales consideran que la ley será poco concreta mientras no exista el catálogo y que eso puede dar lugar a que los interventores tengan "más donde agarrarse". Por su parte, la directora general María Reyes Henríquez, presente en la reunión del Consejo, precisó que desde que se apruebe la ley se pondrá en marcha una comisión de cooperación interterritorial que garantizará la prestación de los servicios por cada una de las administraciones.
Entre los cambios que se han llevado a cabo en la futura ley a partir de las aportaciones de los colectivos está la eliminación de la tarjeta social, de modo que las personas que sean demandantes de servicios sociales no tendrán que llevar un carné que las identifique como tales, algo en lo que algunos colectivos veían estigmatización.