El Gobierno regional confirmó ayer que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula parte del decreto que regula el alquiler vacacional en el Archipiélago. La Consejería de Turismo argumenta, a través de un comunicado, que "deberá" llevar al Supremo la decisión tomada por el tribunal superior porque así lo aconsejan los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, que definen el fallo como "no ajustado plenamente a derecho".
Más allá de las razones aportadas por sus servicios jurídicos -y de que la práctica del recurso sea "habitual" en estos casos-, el Ejecutivo apunta que la sentencia va contra el modelo turístico que defiende. "La necesidad de garantizar el desarrollo turístico obliga a matizar el razonamiento del TSJC, que conduce a la más amplia liberalización de la actividad de vivienda vacacional" que, en virtud del fallo judicial, podría implantarse "sin límites" en cualquier parte del territorio del Archipiélago.
La Consejería alega que la sentencia permite una implantación "sin límites"
La Comunidad Autónoma detalla "las razones que deben prevalecer a la hora de definir su modelo turístico: la fragilidad de nuestro territorio, la protección del medio ambiente y de nuestros recursos naturales, las de seguridad pública, íntimamente ligadas a la capacidad de carga en cada una de las zonas de nuestro territorio, y las de protección de los derechos de los consumidores".
Turismo afirma que ha tratado, "hasta ahora sin éxito", de consensuar con los agentes turísticos mejoras en el decreto, un objetivo en el que perseverará, anuncia, aunque haya decidido recurrir la sentencia.