La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha publicado en el BOC dos convocatorias de ayudas destinadas a la prevención de riesgos laborales y actuaciones contra la economía sumergida por un importe total de 450.000 euros, según ha informado en una nota la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

Un total de 210.000 euros se destinan a actuaciones dirigidas a entidades y asociaciones que desarrollen proyectos que mejoren las condiciones de seguridad y salud en el trabajo; y 240.000 euros estarán dirigidos a las entidades que realicen proyectos destinados a sensibilizar tanto al empresariado como a trabajadores sobre las consecuencias de la economía sumergida.

El director general de Trabajo, José Miguel González, ha explicado que el objetivo trazado es conseguir la erradicación de la economía sumergida y el empleo irregular, así como generar una cultura preventiva en materia de seguridad laboral en los centros de trabajo.

"Estamos convencidos que la seguridad y el cumplimiento de la legislación nos hace ser más competitivos, por ello debemos impulsar acciones que favorezcan los aspectos positivos en todos los puestos de trabajo frente a los que restan derechos y merman el crecimiento económico", afirmó.

La convocatoria de subvenciones para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo van dirigidas a organizaciones o entidades creadas para la defensa de los intereses económicos y sociales. Los proyectos suelen ser acciones formativas e informativas que potencien la prevención en las empresas y favorezcan un cambio de actitud. Cada proyecto será subvencionado con una cantidad máxima de 15.000 euros y con un mínimo de 8.000 euros.

Además de estas ayudas, también se destinarán otros 240.000 euros, 60.000 euros más que el año anterior, para subvencionar proyectos de sensibilización sobre las consecuencias de la economía sumergida. También este año se aumentan las cuantías de las ayudas que podrán ser de hasta 24.000 euros por proyecto. La convocatoria va dirigida a las corporaciones de derecho público y las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro creadas para la defensa de los intereses económicos y sociales.

En líneas generales los proyectos que se desarrollan son campañas de sensibilización y acciones formativas sobre las consecuencias de la economía sumergida,; Campañas informativas y de asesoramiento para facilitar la regularización en los sectores más proclives a entrar en la economía sumergida como en la atención a mayores en domicilio y en general en el ámbito de la dependencia, entre otros.