Canarias y Baleares, con el respaldo del resto de comunidades autónomas, reiteraron ayer al Ministerio de Turismo la necesidad de elaborar un documento que recoja los principios en los que coinciden las regiones para ordenar la actividad turística y, en especial, el alquiler vacacional. En este "acuerdo de mínimos", el Gobierno canario entiende que debería incluirse una "acción desde el Estado" para luchar contra la "opacidad" de las plataformas digitales de comercialización.
"En unos momentos en que los ciudadanos nos piden transparencia a todos, no puede haber un negocio absolutamente opaco y que no quiere compartir datos con nadie", expuso el viceconsejero de Turismo del Ejecutivo regional, Cristóbal de la Rosa, que ayer participó en la reunión de la Conferencia Sectorial de Turismo, un foro que congrega a los representantes de las políticas turísticas de las comunidades y del Ministerio. Según De la Rosa, la exigencia de una mayor transparencia a estas plataformas no solo es compartida por todas las administraciones autonómicas, sino también por "todos los agentes serios del sector", tanto patronales de los hoteles y apartamentos como de las viviendas vacacionales.
El viceconsejero insistió ante la Conferencia Sectorial en que el alquiler turístico debe ser una actividad "totalmente legal" y que "ahonde en el modelo de calidad que tanto ha permitido progresar a Canarias". El cumplimiento de estos requisitos debe, a su juicio, validarse mediante la inscripción en un registro turístico propio de cada comunidad autónoma, tal y como establece el decreto que regula el sector de las viviendas vacacionales en el Archipiélago.
La diversidad de opiniones y puntos de vista que mantienen las comunidades sobre el alquiler vacacional y sus diferentes modelos turísticos obligan, según el viceconsejero canario, a plasmar una serie de "principios generales" en un documento cuya elaboración debe estar comandada por el Ministerio, que en la reunión celebrada ayer estuvo representado por la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián. Este texto tendría que recoger valores como "la legalidad, la calidad, la profesionalización del sector y la seguridad". "El Estado es quien tiene más posibilidades de instar a acuerdos", argumentó De la Rosa.
Corralejo y Las Palmas, como Barcelona
El panorama del alquiler vacacional y los efectos de esta actividad difieren no solo entre comunidades autónomas sino entre municipios o destinos concretos. Así, el viceconsejero de Turismo del Gobierno canario, Cristóbal de la Rosa, apuntó ayer -tras participar en la reunión de la Conferencia Sectorial del área- que zonas como Corralejo o Las Palmas de Gran Canaria empiezan a experimentar "problemas comunes" con ciudades como Barcelona o Madrid, donde la "expectativa de beneficios de los propietarios de las viviendas" deriva en una subida de los alquileres y en las "dificultades para que personas sin recursos importantes puedan seguir residiendo donde siempre lo habían hecho".