La próxima convocatoria de una oferta pública de empleo (OPE) dotada con 68 plazas marcará el fin de la travesía del desierto para la Administración autonómica canaria, que, sin embargo, ha salido muy tocada de este duro proceso. Las restricciones a la convocatoria de oposiciones no solo han impedido cubrir los puestos vacantes con personal funcionario, sino que también han provocado un progresivo vaciamiento de las listas de reserva, con lo que, en muchos casos, esas plazas tampoco pueden ser ocupadas por interinos.

Los casos de la Dirección General de Industria -donde se acumulan miles de expedientes de instalaciones eléctricas ante la falta de efectivos- o los de los servicios sociales -un destino por lo general poco apetecido debido a su complejidad- son los ejemplos más visibles de esta situación, que es denunciada por los sindicatos y reconocida por el Gobierno.

"Efectivamente, algunas de las listas están agotadas", concede el director general de Función Pública, Francisco Javier Rodríguez del Castillo, quien expone las causas de la situación: por un lado, las limitaciones a la convocatoria de plazas de turno libre y promoción interna; por otro, el recurso a las listas de reserva como única vía para cubrir las vacantes, que ha terminado por despoblar la nómina de interinos de la Comunidad Autónoma.

El sindicato Sepca, mayoritario entre los empleados públicos, apunta como tercer factor a la renuncia de la Administración a convocar pruebas específicas para listas de cuerpos o especialidades concretos. Rodríguez del Castillo alega que la escasez de personal de la propia Dirección General de Función Pública obliga a priorizar. "Si dedicamos los esfuerzos a generar listas en una multiplicidad de cuerpos y escalas, los restamos a la solución más favorable, que es la de convocar los procesos selectivos que cuelgan de las ofertas de 2015 y 2016, unida a la convocatoria de los concursos de traslados pendientes", argumenta.

El Ejecutivo prevé convocar las primeras oposiciones en junio, el mismo mes en el que pretende reactivar los concursos de traslados de funcionarios, que comenzarán por los de ingenieros y arquitectos. El proceso selectivo -que recoge las ofertas de los dos últimos años- no solo permitirá incorporar nuevos funcionarios, sino reestructurar las listas de reserva, "con candidatos actualizados, por si fuera necesario nombrar personal interino".

El agotamiento de las listas de empleo ha afectado incluso a los sectores declarados estratégicos por el Gobierno, caso de Industria, donde los intentos de incorporar a nueve ingenieros industriales e ingenieros técnicos industriales han resultado infructuosos a pesar de que se ha constatado la existencia de plazas vacantes con la necesaria dotación presupuestaria. En cambio, Función Pública -también declarada prioritaria- sí ha logrado sumar nuevos efectivos y, de esta forma, poner en marcha los procesos de renovación del personal.

Sepca no comparte algunos de los argumentos del director general. La organización sindical afirma que la "apuesta por la temporalidad" es anterior a la irrupción de la crisis y de los ajustes y sospecha de un deterioro deliberado de los servicios públicos como excusa para una "externalización" que, si no se ha producido, ha sido por la falta de recursos y por una "percepción social" poco favorable a estos procesos.

El sindicato mayoritario en la Administración advierte de que la escasez de personal es mayor en los puestos directivos, en los que las jubilaciones son más frecuentes. Estas plazas se cubren con personal "de la calle", cuando entre el funcionariado hay trabajadores que ocupan posiciones inferiores a su cualificación y que se ven obligados a "enseñar" a los recién llegados. El resultado, lamenta Sepca, es "la frustración y la desmotivación".

La organización ha propuesto -por ahora con poco éxito- un plan "excepcional" para superar estas situaciones: la creación de una lista de reserva específica de funcionarios de carrera que permita recurrir a esos empleados sobrecualificados para ocupar temporalmente vacantes de igual o superior categoría. Aunque no conoce el texto de la propuesta, el director de Función Pública puntualiza que "los mecanismos de atribución de superior categoría están muy tasados por la ley".

No hay concursos de traslados cada dos años

La ley marca que cada dos años deben convocarse concursos de traslados en los diferentes cuerpos y escalas de la Administración, pero, si esta regularidad no siempre se cumplía antes de la crisis, aún lo ha hecho menos en los últimos años. Sepca cifra en diez años el periodo medio que transcurre entre cada uno de los procesos de promoción interna. "Hay una serie de concursos que no se han convocado en los plazos legalmente establecidos. Ahora estamos trabajando para adaptarlos a la nueva normativa y a las exigencias de la administración electrónica y convocarlos", apunta, por su parte, el director general de Función Pública.

Casi mil funcionarios menos desde 2011

La Administración general canaria -excluidas Educación, Sanidad y Justicia- contaba al final del pasado año con 3.003 funcionarios, 975 menos que en 2011. El sindicato Sepca esgrime los datos para denunciar un recorte de personal que, a su juicio, ha sido "una decisión política" en la que Canarias se adelantó a los recortes del Estado. La "sobrecarga" de trabajo, unida a las trabas a la carrera profesional, han hecho cundir la "frustración".