La crisis pasó como un huracán por una economía tan frágil como la canaria y disparó los niveles de pobreza, de la que ya no escapan ni siquiera muchas personas que están trabajando. Los sindicatos más representativos creen que ha llegado el momento de asegurar "una vida digna" a todos los isleños que viven en hogares en los que no entra ningún ingreso y a los que, pese a tener un empleo, se encuentran sumidos en la precariedad.

UGT y CCOO han aprovechado la apertura del proceso de concertación social para proponer a sus interlocutores -las organizaciones empresariales y el Gobierno regional- la puesta en marcha de una renta social garantizada (RSG), destinada tanto a los miembros de familias sin ingresos como a los trabajadores cuyas condiciones -contratos por horas o eventuales- no les suministran los suficientes recursos.

"La renta social garantizada tiene como finalidad asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y familias que se encuentren en situación de pobreza y desarrollar la promoción de la persona, así como superar las condiciones que las han llevado a necesitar esta prestación", exponen los sindicatos en la propuesta.

La intención de los proponentes es que la RSG conste de dos conceptos: una prestación garantizada y no condicionada y otra de carácter complementario dotada de 150 euros, vinculada esta última al seguimiento de un plan de inclusión social o de integración laboral.

El umbral de pobreza, y por lo tanto el importe de la prestación, vendrá determinado por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) -el indicador para ayudas, subvenciones o subsidio de desempleo que se usa en España- que esté vigente en cada momento. La propuesta prevé que la renta comience a implantarse desde este año y que su importe se incremente progresivamente, de manera que, cuando termine de aplicarse, en enero de 2020, la cuantía para una sola persona alcance los 532 euros al mes, incluidos los 150 euros de la prestación complementaria. En el caso de que el hogar esté constituido por dos personas, la cantidad se elevará hasta los 798 euros, hasta 878 en el caso de los tres miembros, hasta 958 en el de cuatro y hasta 969 cuando sean cinco o más.

La justificación de la propuesta define la RSG como una prestación dirigida a "las personas que no dispongan de ingresos o dispongan de ingresos inferiores a la cuantía de la renta garantizada e incompatible con la tenencia de patrimonio, más allá de la vivienda habitual, para hacer frente a los mínimos de una vida digna". Esta situación de insuficiencia de ingresos debe darse, como mínimo, durante los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud. La percepción de la renta será incompatible con el cobro de otras ayudas, subvenciones, prestaciones o pensiones, salvo que el importe de estas sea inferior a la RSG. En estos casos, se percibirá una parte de la renta hasta completar el umbral correspondiente.

La propuesta ya está sobre la mesa, y los representantes de los trabajadores defienden su viabilidad. Regiones como Baleares han puesto en práctica iniciativas similares, Cataluña lo hará en breve -de hecho, la de Canarias se inspira en la catalana- y Andalucía lo ha anunciado.

Pero para convertir la renta social garantizada en realidad no solo hace falta la voluntad de las organizaciones empresariales y del Ejecutivo, sino también un trabajo previo por parte de la Administración. "El Gobierno no ha hecho una valoración económica de los beneficiarios. Tiene que poner a sus técnicos a trabajar en ello", sostiene Gustavo Santana, secretario general de UGT.

Las cifras oficiales indican, no obstante, que el número de hogares con todos sus miembros en paro ronda los 100.000 en las Islas y el de núcleos sin ningún ingreso se acerca a los 50.000. Pero la propuesta de los sindicatos canarios "va mucho más allá", afirma Santana. "La renta social garantizada permitirá poner de manifiesto que el empleo no significa siempre una garantía frente a la pobreza", destaca. El afloramiento de este contingente de precarios será todo un reto en la lucha contra la pobreza y la exclusión.

las claves

Pobreza. La propuesta de UGT y CCOO persigue beneficiar a los miembros de hogares que no perciben ingresos y también a los trabajadores por horas que no cobran lo suficiente.

Implantación progresiva. Los sindicatos prevén que la implantación de la renta social garantizada comience este año y concluya en 2020. Las cuantías se incrementarán de forma paulatina, de modo que al final del proceso una persona cobrará 532 euros.

Otras ayudas. La propuesta contempla la incompatibilidad de la RSG con otras ayudas, salvo que estas sean de cuantía inferior. En este caso se cobrará la parte proporcional de la renta.

Base de datos. Las organizaciones sindicales reclaman al Gobierno que elabore una base de datos de los potenciales beneficiarios.