El colectivo de implantados cocleares se siente "abandonado" por la Consejería de Educación desde que se constituyó como asociación, hace 13 años, y empezó a luchar por la inclusión de los niños a los que se les ha colocado esta prótesis para reducir o eliminar su sordera.

El presidente de la Asociación de Implantados Cocleares de Canarias, Juan José León, denunció ayer ante los diputados del Parlamento regional la situación de desidia en la que se encuentran los menores que padecen sordera en Canarias. Su intervención tuvo lugar en el transcurso de la celebración de una sesión de la comisión de discapacidad a petición del grupo de Podemos.

El presidente, padre de un niño con este implante, fue especialmente crudo en el relato de la situación que padecen los afectados. Aseguró que aunque Canarias es la región con más índice de sordera de España, lo que se ha conseguido estos años es mejorar en la actuación temprana, es decir, en la implantación del implante cuando el niño es solo un bebé. Este avance ha sido "vital" para que estos bebés puedan eludir la sordera y ha supuesto un cambio importantísimo para muchísimos menores, pero luego, aspectos como el mantenimiento del implante -que a veces llega hasta un año- y el acceso en igualdad de condiciones al sistema educativo no se dan.

"Llevo 13 años luchando contra Educación y voy a seguir haciéndolo", señaló. León lamentó que el Parlamento aprobara en febrero una declaración institucional en relación a los implantados cocleares. "¿De verdad tenemos algo que celebrar?, inquirió.

El portavoz fue especialmente crítico con la atención que reciben los menores en los centros de atención preferente de la red educativa. A su juicio, los profesionales no cuentan con la formación suficiente y se dan situaciones "que podrían llevarse ante la justicia", declaró. Asimismo, rechazó que los empleos a los que se ven abocadas las personas con discapacidad sean solo para llevar a cabo determinados oficios. "Así no hay integración".

Por último, denunció la tardanza en los plazos para obtener el certificado de discapacidad, que en ocasiones puede prolongarse hasta un año, dependiendo del municipio y la isla de residencia.

Además de León, en la comisión también participó Antonio Hernández, miembro del Club Deportivo Sordos Tenerife. El representante relató las enormes dificultades que tienen los deportistas sordos para acudir a las competiciones de élite.

El próximo plan de inspección que pondrá en marcha la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para luchar contra la explotación laboral velará por el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad.

La consejera del área, Cristina Valido, anunció ayer que el aumento del número de inspectores gracias al acuerdo con el Ministerio de Empleo permitirá también poner coto a posibles incumplimientos en este sentido.

La responsable recordó que las empresas pueden cumplir con el porcentaje de contratación -2% si tienen más de 50 trabajadores- o llevar a cabo actuaciones "alternativas", como mantener una relación con autónomos con discapacidad o impulsar campañas de inclusión.

Asimismo, reivindicó la necesidad de "dar ejemplo" desde la administración pública, algo que se podrá materializar en breve, cuando se pongan en marcha las "necesarias" convocatorias de ofertas de empleo público para reponer personal.

Valido explicó que en Canarias hay 77 centros especiales de empleo, situados en todas las islas menos en El Hierro, en los que se prepara a personas con discapacidad para su acceso al mercado ordinario de trabajo, y para lo que se presupuestaron 7,1 millones en 2016. Además, se destinaron 300.000 euros a unidades de apoyo para promover la transición del centro de empleo a la empresa tradicional.