De tanto oírlo, hasta le cambia un poco el tono de voz para recalcar que la nueva ley del suelo no supondrá un trampolín para un boom constructor y especulativo. Lejos de eso, la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto (CC), la presenta como la mejor de la historia por la participación de colegios profesionales, sector primario e ingenieros agrícolas. Sobre el rechazo político, cree que es postureo y cree suficientes los 50 millones de metros urbanizables, sin mojarse sobre si son excesivos.

Aprobada la ley del suelo, ¿teme que sea muy provisional por ser apoyada solo por 33 votos?

Se ha hecho un buen trabajo y la ley es buena. Solventa los problemas que teníamos en materia de territorio, de procedimientos y trámites y, además, plantea soluciones que han puesto sobre la mesa los profesionales, como los ingenieros agrónomos. Es un buen texto técnico que ha de tener voluntad de permanecer porque da soluciones reales a problemas.

¿Y qué responde a los que esgrimen que, al tratarse de una ley estructurante, salir con tan poco apoyo la debilita en exceso?

No creo que la debilite porque lleva en el Parlamento 10 meses y, en ponencia, se llegó a muchos acuerdos con los grupos, cuyas enmiendas, en muchos casos, recoge el texto. Por tanto, al final ha habido una escenificación con ese no a la ley, que es más postureo que otras cosas porque, si no fuera eso, no habrían querido defender sus enmiendas ni que se aprobaran. Por tanto, no pueden decir que no están de acuerdo con el texto, sí con partes, pero es que el Gobierno tampoco tiene todo lo que quería, o los colegios profesionales, los grupos... Pero sí está la mayoría. De ahí que sí haya habido consenso, pues se llegó a él en ponencia, bien por unanimidad o aprobando enmiendas por partes. Que PSOE, NC y Podemos voten en contra no refleja lo ocurrido, sino postureo político.

¿Le duele, sobre todo, el caso del PSOE; de seguir en el gobierno, su voto habría sido a favor?

No me duele, no, a tanto no llega, pero mantiene una postura incoherente. No sé qué hubiera hecho de seguir en el gobierno, pero sí tengo claro que lo que quisieron dentro de la adenda del pacto está en el texto. Este Gobierno ha cumplido eso, aunque luego hayan introducido enmiendas en contra de lo que el propio PSOE pidió: eso es una incoherencia que tendrán que explicar, como también que voten en contra cuando han sacado enmiendas con nosotros.

¿El argumento de que habrá 8 o hasta 11 Cotmac se diluye?

Pero, ¿dónde dice la ley que habrá 8 u 11 Cotmac?

Lo esgrime la oposición y la plataforma por la potestad que se le da a cabildos o grandes ciudades...

La ley no se interpreta, sino que se aplica. Ningún artículo dice que habrá esas Cotmac. Está reflejada la adenda del pacto y dice que, en el caso de la parte estructurante de los planes, la evaluación la llevará el Gobierno y que, en el resto, cada administración la suya.

¿Y no hay muchas excepciones, puertas traseras que derivarán en un boom constructor y burbujas?

Pero es que también me gustaría que me dijeran en qué artículos se dice eso. La tramitación comenzó en diciembre de 2015 y pasaron 21 meses: 11 de redacción nuestra y los demás en el Parlamento. En estos casi dos años, he preguntado muchas veces a los que dicen eso o que hacen comentarios muy alarmistas dónde se recoge esas cosas porque la voluntad del Gobierno es que eso no pase, y aún espero que me respondan.

Pero sí se debilitan las competencias regionales y se derivan en cabildos y consistorios por ese objetivo de reducir la maraña legal...

No se debilitan porque la Comunidad mantiene sus competencias. Lo que solo se hace es que ciertas funciones, como la aprobación definitiva de los planes, queden en manos del titular. Eso es lo único nuevo. Hasta ahora, un ayuntamiento redacta su plan y hace absolutamente toda la tramitación: pasa por el avance, aprobaciones y, al final, se lo lleva al Gobierno para que lo apruebe definitivamente. Este acto, que es meramente formal, es el que pasa a los ayuntamientos y cabildos, pero no de cualquier manera, y esto hay que recalcarlo. No se aprueba el plan como se quiera. Los informes que se emiten hoy también se harán con esta ley, y los ayuntamientos y cabildos tendrán que aprobar sus planes igual que los aprueba hoy la Cotmac: con los informes de cada administración, incluidos los del Gobierno sobre sus competencias y, si debe hacer advertencias de ilegalidad, pues las hará, pero son informes de competencia regional. Por tanto, solo se da a cabildos y ayuntamientos el acto formal de aprobación en sus plenos según la ley y reglamentos.

¿No teme que la maraña legal que se quiere superar acabe en una judicial por recursos y denuncias?

La maraña normativa se reduce porque pasamos de tener un texto refundido, una ley de directrices y reglamentos de desarrollo a un único texto que lo engloba todo. Además, pregunto cuántos planes generales, parciales o territoriales están hoy judicializados, han sido anulados por el Supremo o están denunciados. ¿Es que no hay judicialización hoy, con la normativa que tenemos?

O sea, no ve más judicialización...

No, pero porque esta ley no propiciará, por sí misma, que se judicialice el planeamiento; cosa distinta es que cada uno, en el ejercicio libre del derecho, decida poner una demanda, pero ahí no se mete el Gobierno. Es más, la ley introduce instrumentos que aclaran, son más transparentes y que, además, amplían la opción de participación ciudadana en las decisiones sobre la ordenación del territorio.

Estas leyes tienen una vigencia de 15 a 20 años: insisto, ¿con este ambiente y la contestación política y en la calle se reducirá mucho ese plazo en partes claves?

La ley nace con voluntad de continuidad, aunque no puedo hacer futuribles. Ahora bien, si en cierto momento se puede corregir algo del texto para mejorarlo, para eso también están las leyes. De hecho, se ha mejorado desde que fue anteproyecto y, ahora, una vez aprobada, también se podrá seguir mejorando. Ese argumento de que, cuando haya otra mayoría, se cargarán la ley... pues no creo que haya que cargarse una ley por cargársela. Habrá que tener una idea y proyecto claro de lo que queremos para nuestro territorio y espacios naturales y, después, hablar de cargarnos algo. Ese es un argumento irresponsable porque, entre otras cosas, la ley no toca los espacios protegidos, que están blindados: es decir, el 50% del territorio está blindado y no se facilita que se califique más suelo, algo que sí pasa con las leyes previas. Hay 50 millones de metros cuadrados urbanizables sin tocar y algunos partidos dicen, muy a la ligera, que se cargarán una ley que, técnicamente, es muy buena y resuelve problemas reales al ciudadano. Decir algo así es irresponsable, si bien la ley puede mejorarse si surge algún asunto puntual o cambia la normativa estatal o europea, pero no se debe decir eso porque no hay contenido ni un proyecto paralelo.

Claro, pero Román Rodríguez, por ejemplo, les replica que estaría bueno que tocasen los espacios protegidos...

Pero es que él dice que, en realidad, nos los cargamos...

Suele repetir lo otro, aunque, de todos modos, ¿no sobra suelo urbanizable tras la crisis y la desclasificación en varios PGO? ¿No es ir contra los tiempos?

Respecto a Román, él dice una cosa en un sitio y otra en otro, dependiendo de la gente que esté. Lo que la ley plantea es que no se facilitará que los municipios, en la elaboración de sus planes, clasifiquen más suelo porque Canarias tiene esos 50 millones de metros y no necesita más, y eso lo dijimos desde el principio.

¿Y no son excesivos esos 50?

No te puedo responder si lo son o no. En su momento, cuando los clasificaron los municipios, de todos los colores políticos y con sus vecinos, lo harían por alguna razón.

También hubo una burbuja...

Pero la ley no habla de burbujas, y eso lo quiero dejar claro... Lo único que dice es que no hace falta más suelo urbanizable.

Insisto, ¿no es demasiado?

Habrá que preguntarle a los municipios en función de sus necesidades, entre otras cosas porque clasifican suelo porque prevén cosas como sistemas generales para ciertas actuaciones, colegios, hospitales, viviendas... No sé ni puedo responder si sobra suelo urbanizable, pero sí que, desde el punto de vista de los técnicos de la consejería y el Gobierno, los 50 millones son suficientes para los próximos años. Hasta esta ley, era fácil clasificar suelo si se justifica que lo necesitas para un colegio o una vivienda; ahora solo se podrá usar el que ya es urbanizable.

¿Ha habido un boicot de entidades y partidos simplemente porque la ley la comandaba CC?

Ciertos sectores, con los que también me senté o convoqué y no vinieron, sobre todo algunos colectivos ecologistas y políticos, han necesitado posicionarse de forma diferente al Gobierno por una cuestión meramente política. Eso sí, la respuesta y contestación social a la ley es solo de ciertos sectores, no de toda la sociedad, como se pretende hacer ver. He tenido muchas reuniones con muchos colectivos, por primera vez una ley así se hace partiendo de un folio en blanco y con 5 principios claves que no íbamos a cambiar: no clasificar más suelo, no tocar los espacios naturales, invertir en suelo agrícola, que lo no desarrollado pase a suelo rústico y beneficiar al sector primario, para lo que sentamos a los ingenieros agrónomos y arquitectos. Quienes quisieron han aportado para mejorar los problemas reales que la norma actual plantea a ciertos sectores. No me senté con los empresarios para negociar la ley, como algunos dicen, sino con sectores a los que nunca se había invitado, y otros no hicieron aportaciones en positivo, sino solo posicionamiento político.

¿No por boicot?

No lo creo, sino ponerse en frente del Gobierno por mucho que estén de acuerdo con la mayoría de la ley, que será la mejor ley del suelo que hemos tenido porque es la que mayor participación de colegios profesionales, sector primario e ingenieros agrícolas ha tenido.

¿No es un riesgo que Curbelo, con su enmienda, alardee de que la ley resuelve el alquiler vacacional en las Islas Verdes; no es contradictorio con las demás y el Estado?

No comentaré lo que diga Curbelo, que tiene su discurso en La Gomera. Lo que hace esta ley es un planteamiento distinto para el modelo turístico de La Palma, La Gomera y El Hierro por la ley de Islas Verdes de 2002, modificada en 2016, que hay que respetar.

Ley que está recurrida, como se anuncian muchas denuncias contra la del suelo ahora aprobada...

La de Islas Verdes la recurrió Podemos y una de las cosas que pidieron, porque decían que era un atentado contra esas islas, es que se suspendiera como medida cautelar, pero el Supremo fue muy claro al decir que, en ningún caso, cabía la suspensión, aunque otra cosa es que la ley haya que matizarla en algún punto, como la del suelo, lo que no significa que sea un atentado contra nada. La postura de Podemos ha quedado clara con ambas leyes, pues solo quieren favorecer la cultura del miedo, cuando son leyes aprobadas en el Parlamento y, por eso, pueden acudir a los tribunales. De todos modos, las demandas se presentan en el juzgado, no se anuncian y anuncian y se cuentan y cuentan, porque eso prueba que solo se quiere esa cultura del miedo y usar la justicia para hacer política.

¿Será su primera y última gran ley porque la negociación con el PP le dejará fuera del Gabinete? ¿Sabe algo, lo teme, trabaja igual?

Lo importante de esto es el trabajo que uno haya podido realizar y, sobre estos 2 años, estoy contenta, aunque no satisfecha del todo porque queda mucho por hacer...

¿Qué destaca de lo pendiente?

Mucho, aparte de desarrollar la ley del suelo con muchas medidas y reglamentos. En Medio Ambiente queda mucho, pues ahí los proyectos no empiezan y terminan, sino que perduran y son transversales, como pasa en el área de Seguridad y Emergencias. Por no tener, Medio Ambiente no tenía ni algunos departamentos y los hemos tenido que crear, aunque lo más importante es que, por primera vez, hemos puesto en marcha políticas medioambientales. No sé si mi consejería pasará al Partido Popular, depende de la negociación y de que así lo decida el partido.

¿No intuye o le filtran nada?

(Risas profusas). Pues no.

78 especialistas más contra los incendios

La consejera palmera también gestiona Seguridad y, en verano, es imposible no preguntarle por los incendios. "Las emergencias nos preocupan todo el año. Ahora estamos en periodo medio de peligro y, desde el 1 de julio, en alto. La campaña de prevención está preparada. Se han reforzado ya todos los equipos en las islas forestales, bien con los parques nacionales o con encomiendas. Estarán todos nuestros efectivos: 1.700 personas, de las que 500 son voluntarios organizados, algo muy importante en un incendio. Además, se refuerzan los medios aéreos. Desde mayo, tenemos 5 helicópteros con más capacidad de carga de agua, que duplica la de 2015, y de personal; hay un sexto en La Gomera desde 2016 y luego están los dos del Cabildo de Gran Canaria y el de Tenerife, otro de la Península y el avión que se coloca en La Gomera, que llegarán el 1 de julio. A todo esto, y por primera vez, se añade como personal regional 78 operarios, capataces o técnicos muy especializados, distribuidos en La Palma, La Gomera y El Hierro y que formarán las cuadrillas de extinción y prevención, colaborando con los cabildos y disponibles para ir a cualquier isla. Están muy cualificados para la primera línea, como la unidad militar de emergencia, que cuenta con 100 efectivos y también está posicionada".

"Debemos plantearnos la gestión de los residuos"

Lamenta los años de retraso en Medio Ambiente, pero resalta las políticas que desarrollan sobre protección de especies, flora o residuos. "Trabajamos con los cabildos para dar un vuelco a la política de residuos. El camino está iniciado, pero siempre quedarán cosas porque el propio día a día crea nuevas necesidades. Los datos de reciclaje mejoran cada año, pero tenemos que plantearnos, con el plan de residuos, el modelo de gestión. Europa nos dice desde hace años que la basura no es basura, sino residuos generadores de riqueza. Tenemos que concienciarnos todos, no es que no haya concienciación en muchos, pero desde la UE se nos dice que, en poquitos años, lo que va a balsa de los complejos ambientales no puede superar el 5%. Esto nos obliga a cambiar cómo tratar los residuos desde que se recogen hasta la planta". Preguntada por su futuro político o profesional, se ve donde la ponga CC o ejerciendo de abogada. Cree lógico que CC pida al PP, de entrada, un apoyo exterior y se reserva las áreas que le ha dicho a su partido que no deben ceder. Además, considera resueltos ahora las fricciones con el PSOE en La Palma y no descarta repetir pactos en cascada si hay un proyecto común para todas las administraciones.