El Tribunal Constitucional (TC) ha terminado con las trabas que la normativa nacional ponía a la posibilidad de que varios inquilinos de un edificio se abasteciesen de energía eléctrica a través de una única instalación fotovoltaica o eólica. El autoconsumo compartido ya no está prohibido, aunque las dudas sobre su puesta en práctica asaltan a las comunidades autónomas, hasta el punto de que algunas se plantean regularlo para dar seguridad jurídica a los ciudadanos o empresarios que se decanten por esta modalidad.
No es el caso de Canarias. El Gobierno regional entiende que el fallo del alto tribunal es de aplicación inmediata y que solo es necesario inscribirse en el registro que la Consejería de Economía e Industria tiene abierta para las instalaciones de autoconsumo. "No tenemos que hacer ningún registro especial, salvo que el Ministerio saque una nueva normativa", aclara el viceconsejero de Industria y Energía, Adrián Mendoza, quien descarta también que la puesta en marcha de este tipo de instalaciones ofrezca dificultades de carácter técnico.
La puerta que el Constitucional ha abierto al autoconsumo compartido permitirá beneficiar a las comunidades de vecinos que quieran instalar placas fotovoltaicas en el tejado del edificio y abastecerse conjuntamente de ellas, pero también a las empresas que quieran hacer lo propio con naves industriales u otros espacios. Al viceconsejero le consta el interés de empresarios por sumarse a esta modalidad de suministro de energía, un interés que se había frenado como consecuencia de los obstáculos impuestos por la regulación y que ahora "se reactivará". En cuanto a las comunidades de propietarios, el autoconsumo, aunque es técnicamente viable, presenta más complejidad. La tramitación de autorizaciones o las decisiones sobre el reparto de gastos suponen, en este caso, mayor dificultad desde el punto de vista "jurídico-administrativo", apunta Mendoza.
La decisión judicial parece favorecer en especial a una región como Canarias, que está exenta del llamado "impuesto al sol" -el que se cobra a los autoconsumidores conectados a la red- y, además, lo está de forma permanente, porque así lo recoge el Régimen Económico y Fiscal (REF) del Archipiélago, precisa el viceconsejero de Industria y Energía.
Las Islas cuentan con alrededor de 78 kilómetros cuadrados de tejados y cubiertas aptos para acoger instalaciones fotovoltaicas y que, sin embargo, permanecen "ociosos", según recordaba recientemente -recogiendo datos de la empresa pública de planeamiento Gesplan- el director del máster en Energías Renovables de la Universidad de La Laguna, Ricardo Guerrero, en una charla impartida en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife.
La sentencia del Constitucional anula un apartado del real decreto 900/2015 sobre autoconsumo que señalaba que "en ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores". El alto tribunal concluía así que, con esta disposición, el Gobierno central impedía a las comunidades autónomas ejercer sus competencias en materia de fomento de las renovables.
las claves
58 instalaciones inscritas. El registro del Gobierno de Canarias recoge 58 instalaciones de autoconsumo, de las cuales 17 están en Tenerife, otras tantas en Gran Canaria, 20 en Fuerteventura y cuatro en Lanzarote, en tanto que las islas no capitalinas de la provincia occidental no cuentan con ninguna. Todas ellas suman una potencia total de 957 kilovatios.
No hace falta otro registro. El Ejecutivo entiende que en este mismo registro pueden inscribirse las nuevas instalaciones de autoconsumo compartido.