El Gobierno regional tiene previsto aprobar en el pleno de la próxima semana una ley de crédito extraordinario que, si bien se divide en dos grandes partidas, una de 50,88 millones y otra de 289,11 millones, supondrá inyectar un total de 340 millones de euros en "servicios públicos esenciales". Así lo resalta el presidente, Fernando Clavijo, y los distintos consejeros. Sin embargo, el Consejo Consultivo no cree suficientemente bien justificado un total de 85 millones y así lo refleja en el pertinente informe que debe elevar, si bien aclara también que la iniciativa, en su globalidad, es conforme a derecho.
De esos 85 millones puestos en duda por el Consultivo, un total de 79,38 pertenecen al Servicio Canario de Salud, que recibirá un global de 155 millones. El Consejo considera que esa cantidad "no responden a la justificación contenida en la exposición de motivos del proyecto de ley". Entre otras cosas, porque van destinados a "facturas farmacéuticas, previsión de ejecución de sentencias, productos farmacéuticos y otros suministros farmacéuticos".
Sobre los posibles gastos en sentencias, el Consultivo duda claramente de que eso pueda contribuir a la mejora de la sanidad canaria. Además, recuerda que el artículo 56 de la LHPC "contempla como créditos ampliables, en la cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden, los créditos destinados a dar cumplimiento a la ejecución de sentencias firmes condenatorias al pago de cantidades".
También se cuestionan los 4,2 millones destinados al Servicio Canario de Empleo. En principio, ese dinero pretende aportar subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro que realicen "acciones de orientación profesional que incentiven el empleo y la asistencia para el autoempleo". Sin embargo, el Consultivo echa en falta que se expliciten las razones por las que esa financiación no puede esperar al nuevo presupuesto y a otras figuras diferentes a una modificación de créditos.
Argumentos similares utiliza para los 2,1 millones destinados a la Universidad de La Laguna y el 1,7 previsto para la de Las Palmas. Y lo mismo con los 140.000 euros y otros 175.000 previstos para "publicidad y propaganda" (la primera) y "reuniones, cursos y conferencias" (la segunda) de la política de fomento de la igualdad de la mujer y contra la violencia de género, que sí cuenta con otras partidas (como de emergencia social, unos 100.000 euros) que sí se creen justificados (hay una de 450.000).
El informe pone el foco también en los 689.541 euros para la Fundación Canaria de Juventud IDEO porque se explica que van destinados a compensar ejercicios anteriores, motivo que el Consejo no considera suficientemente justificado para que se pueda argumentar urgencia y no se pueda esperar al siguiente ejercicio.