Unas 200 personas, entre empresarios, monitores y alumnos, y alrededor de 150 vehículos de autoescuelas protestaron en la mañana de ayer por diferentes calles de Santa Cruz de Tenerife para exigir al Gobierno del Estado medidas que permitan acabar con la huelga de examinadores y que dichas empresas y microempresas puedan realizar las pruebas en los meses estivales, cuando obtienen entre el 60 y el 70 por ciento de sus ingresos.
La mayor pitada se desarrolló ante la Subdelegación del Gobierno durante más de media hora. En dicho organismo, el secretario general de la Asociación Canaria de Centros de Formación Vial, Javier Báez, presentó por registro un manifiesto, que posteriormente se leyó ante dicha institución.
Después de seis semanas de huelga de examinadores, Báez dice que 2.500 personas no han podido examinarse en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por la falta de pruebas los lunes, martes y miércoles, ya que en la Isla todos los citados funcionarios se han sumado a la propuesta.
Para Javier Báez, las opciones anunciadas por el Gobierno del Estado no resuelven el actual problema. Aclara que la convocatoria de 70 nuevas plazas de oferta de empleo público únicamente servirán para cubrir las jubilaciones.
Para el secretario general de la Asociación Canaria de Centros de Formación Vial, el problema real de las autoescuelas no se solventa si se mantiene la huelga.
Lo que quieren los empresarios y trabajadores de las autoescuelas es que sus alumnos se puedan examinar, que es la vía para que las empresas ingresen dinero por la realización de prácticas.
En palabras de Báez, "nos están arruinando". Este portavoz empresarial advierte de que la situación puede agravarse, todavía más, si la huelga se convierte en indefinida a partir de septiembre. En el manifiesto expuesto ayer se afirma que "las autoescuelas no podemos ejercer la actividad, ni darles a nuestros alumnos una formación programada, continuada y de calidad".