La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha asegurado que la nueva ley de Políticas Sociales tendrá un marco legal para que las entidades puedan desarrollar su labor mediante figuras jurídicas, tales como el convenio, el contrato o la nueva figura del concierto social, todas ellas consideró "mucho más estables" en cuanto a la financiación.
Valido también indicó que el año 2017 será el último en el que la Intervención de la Comunidad Autónoma permita la subvención nominada a las entidades del Tercer Sector, según informó el Gobierno regional en nota de prensa.
Además, apuntó que la nueva ley contemplará el llamado concierto social, una figura contractual a la que "solo se pueden adherir las entidades del Tercer Sector, que participarán y colaborarán con la administración pública de forma destacada" en la cartera de servicios.
Añadió que la Ley dedica todo un título a regular la financiación y modelos contractuales con las entidades sociales, estableciendo el principio de discriminación positiva, y respetando la libre concurrencia y transparencia.
En cuanto a los requisitos de las entidades para poder firmar conciertos sociales se encuentran, entre otros, haber obtenido la oportuna autorización administrativa, estar inscritas en el correspondiente registro de entidades, centros y servicios sociales o ser entidades colaboradora de la Administración, así como acreditar la disposición de los medios y recursos suficientes para garantizar el servicio.
Valido dijo que el texto legal "ha querido tener en cuenta la experiencia del Tercer Sector", de ahí que apuntó se han establecido entre los criterios para la formalización de los conciertos sociales determinadas medidas de preferencia o medidas de discriminación positiva, criterios sociales, de calidad, de experiencia y de trayectoria acreditada.
Por último, indican que para elegir las entidades que colaborarán en materia de servicios sociales se valorarán los méritos y capacidades como la implantación en la localidad donde se vaya a prestar el servicio, los años de experiencia acreditada, la buena valoración de las personas usuarios de los servicios sociales, las certificaciones de calidad y los informes de buenas prácticas, no sólo en el ámbito del servicio, sino también mejoras para los trabajadores.