Santa Cruz de Tenerife
LO ÚLTIMO:
Villar: "La posibilidad de que aparten a España del Mundial es seria" leer

Seguridad Integral Canaria, del presidente de la UD Las Palmas, cesa su actividad comercial

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press
22/ago/17 16:29 PM
eldia.es

Vehículos y empleados de la empresa./Cedida

La compañía Seguridad Integral Canaria, propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha comunicado al comité de empresa de Santa Cruz de Tenerife que cesa su actividad comercial en todo el territorio español al tener contraída una deuda de unos 7,2 millones de euros, según una nota de FTSP-USO.

La reunión se ha mantenido esta mañana, previa petición del comité, solicitando una explicación del estado económico de la empresa, ya que a fecha de ayer quedaban muchos trabajadores sin percibir sus salarios correspondientes al mes de julio.

El director general y apoderado de la empresa, Héctor de Armas, les ha comunicado la mala situación económica por la que atraviesa Seguridad Integral Canaria, con una deuda aproximada de 7,2 millones, y que debido a esa circunstancia están estudiando como realizar el cese de actividad.

En esta misma reunión comunicó que entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre tienen la intención de traspasar los servicios que poseen en la actualidad, tanto pública como privada, a otras empresas y 'garantizan', según sus palabras, el cobro de todas las cantidades adeudadas a sus trabajadores.

El próximo martes, Héctor de Armas se volverá a reunir con el Comité de Empresa, para informarles de manera pormenorizada, de cómo piensan efectuar este cese de actividad.

Desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO (FTSP-USO) han advertido que van a estar "vigilantes" para que este proceso -en caso de llevarse a cabo- "se realice de forma transparente y conforme a la legalidad vigente, sin que esto suponga una pérdida de condiciones laborales o económicas para el conjunto de sus trabajadores".

La FTSP-USO entiende que los trabajadores afectados por este cese y traspaso de servicios a otras empresas tendrá que garantizar sus puestos de trabajo por la consiguiente y obligatoria subrogación a la que tienen derecho.