La Audiencia Provincial ha condenado al funcionario P. V. P. E. a una pena de cuatro meses y quince días de prisión y a la inhabilitación para ocupar un cargo público durante dos años y medio al considerarle responsable de un delito de fraude y exacciones ilegales y de falsificación de documento oficial. Todo ello, al demostrarse que el acusado intentó beneficiar "de forma clara" a su hija, también procesada en otra causa, para que pudiera obtener una ayuda de alojamiento y manutención de un curso que tramitaba su padre.
El condenado ostentaba el cargo de jefe de Sección de Alumnos y relaciones con las empresas del Servicio Canario de Empleo (SCE). La Sala indica que la hija presentó en el expediente administrativo correspondiente un contrato de arrendamiento simulado en el que figuraba como arrendador su abuelo, cuando éste ya había fallecido dos semanas antes.
También hizo valer como avalista a una mujer que ya había ejercido este papel en un contrato suscrito con la misma persona y que correspondía a otra vivienda. Todo ello dio lugar a un error en la administración pública que degeneró en una resolución de finales de 2005 de la directora del SCE por el que se concedió una subvención a favor de la peticionaria por valor de casi 13.000 euros.
El acusado, por su parte, consiguió acceder a la solicitud de beca de transporte que había presentado otra persona fuera de plazo, de manera que manipuló el sello de entrada y registro para que constara que había sido interpuesta antes.
El funcionario alteró entonces los dígitos para hacerlos coincidir con los de una cuenta bancaria a nombre de su hija, donde ingresó 450 euros.