Casi 350 jóvenes se han presentado a la convocatoria del Programa de Desarrollo Rural (PDR) con la que el Gobierno regional persigue promover el relevo generacional en el sector primario. El envejecimiento en el agro canario supone un problema "preocupante", admite el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Ejecutivo autonómico, Narvay Quintero, quien subraya que su departamento se ha propuesto guiar a estos jóvenes emprendedores agrarios para que sus proyectos lleguen a buen puerto. Por ello, no solo han recibido asesoramiento para garantizar la "viabilidad empresarial" de sus instalaciones, sino que también serán acompañados durante los "primeros tres o cuatro años" de su actividad para asegurarse de que esta se consolida y puede tener continuidad.
El presupuesto destinado a estas actuaciones casi se ha duplicado respecto a lo inicialmente previsto y alcanza los 13 millones de euros. La elevada demanda obligó a este incremento de los recursos, al que se ha unido la firma de convenios con seis entidades financieras para que estas entreguen a los beneficiarios el 100% de la subvención -que puede llegar hasta 70.000 euros- y el ofrecimiento de la Consejería a actuar como "aval" y hacerse cargo de los intereses. "El problema de estos jóvenes es la liquidez. Conseguir un aval de su familia es difícil y puede poner en riesgo el patrimonio familiar", expone Quintero.
Los jóvenes seguirán disfrutando de prioridad en las próximas convocatorias de ayudas a la modernización y tendrán también un espacio propio en el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei). La Consejería se propone, además, reforzar la formación. Las escuelas de capacitación agraria y marítimo-pesqueras cuenta con niveles de ocupación del 90% y, en algunos ciclos, "se ha quedado gente fuera". La intención del departamento es hacer "una nueva regulación interna" para agilizar la contratación y sustitución del profesorado para "dar una oferta más adecuada".
El PDR forma parte de algunos de las prioridades que la Consejería de Agricultura tiene sobre la mesa y que espera afrontar en los próximos meses. La legalización de explotaciones ganaderas es otra de ellas. En los últimos dos años se ha regularizado casi una quincena, en tanto que otros 28 se encuentran en exposición pública. La entrada en vigor de la Ley del Suelo hace augurar al departamento una aceleración del ritmo, de modo que buena parte de estas instalaciones pueda pedir ayudas y adaptarse a la normativa.
La convocatoria de la línea adicional del Posei ha centrado parte de los esfuerzos de esta área desde que, en 2013, el Gobierno central decidió de afrontar los pagos. Aunque el Estado se ha comprometido a volver a poner su parte desde el ejercicio 2017, Canarias ha abonado ya las convocatorias de 2013 y 2014, ha sacado la de 2015 y antes de final de año prevé convocar 2016.
Esa actuación forma también parte de los asuntos que tiene en marcha la Consejería de Agricultura del Gobierno autonómico y que aspira a culminar durante los próximos meses. La aprobación por parte de la Comisión Europea de, precisamente, los cambios propuestos por Canarias para el Posei figura, asimismo, entre estas prioridades. La Comunidad Autónoma ha solicitado que estas subvenciones beneficien también a las producciones de aloe vera y de olivo, sin que esta extensión suponga restar fondos a otras.
La lucha por ampliar la cuota de pesca de atún rojo es otro de los asuntos anotados en la agenda de la Administración, que considera "ridículo" el cupo del 1,21% asignado a la flota del Archipiélago. Esta reivindicación "no ha sido entendida por el Estado" hasta el momento, lamenta el consejero del área, Narvay Quintero. Antes del verano se celebró la primera reunión entre las comunidades autónomas y el Ministerio para acordar el nuevo reparto, y aunque Quintero aprecia una mayor predisposición por parte del Gobierno central, recuerda que en ocasiones anteriores las buenas intenciones no se han traducido en hechos.
Canarias quiere que en esta distribución se tengan en cuenta el peso de la flota artesanal -muy mayoritaria en las Islas- y el "impacto social y económico" que esta actividad tiene sobre las poblaciones del litoral.