Ciento cuarenta y cuatro millones de euros pueden abrir una caja de truenos. La adjudicación por 8 años del nuevo contrato de la Televisión Canaria lo ha hecho, desatando una lucha de intereses económicos que afecta principalmente a los actuales adjudicatarios, y que ha movilizado con intensidad a las fuerzas políticas parlamentarias.
El detonante del conflicto fue la decisión del presidente del Consejo Rector de negarse a la renovación del servicio al actual contratista, por entender que tal renovación supone de hecho una flagrante prevaricación.
El contrato de informativos de la Televisión Canaria está en vigor desde el año 2008 y Videoreport Canarias lleva casi diez años prestando este servicio tras haber ganado un simple negociado con publicidad para ocho años y firmado después una prórroga de dos años con el entonces presidente de la Televisión Canaria, el ahora imputado Guillermo García. No caben más prórrogas, por lo que, si el concurso no se lleva a término en los plazos marcados por la ley, la televisión se quedará sin servicios informativos en julio de 2018, provocando la pérdida de sus puestos de trabajo a más de 200 trabajadores, que con la licitación tendrían plenas garantías de subrogación por la empresa que finalmente resulte adjudicataria.
Santiago Negrín no puede hacer dejación de sus funciones como órgano de contratación pues sería responsable directo de las consecuencias derivadas de esta situación: la suspensión del servicio y la pérdida de empleos. Amparándose en la opinión y los informes de los Servicios Jurídicos de la Televisión Canaria, Negrín decidió sacar los pliegos del concurso, lo que provocó la petición de su cese por los partidos de la oposición parlamentaria, que le acusaron de haberse atribuido funciones que no eran de su competencia. Tanto Nueva Canarias como Podemos, a los que vino a sumarse el PP tras el fracaso de las negociaciones de su presidente, Asier Antona, para incorporarse al Gobierno de Canarias, han planteado que Negrín no puede actuar como órgano de contratación, convirtiendo la decisión de sacar los pliegos en una gran polémica y pidiendo la dimisión de Negrín.
Ahora, un dictamen elaborado por el catedrático en Derecho Administrativo Martín Orozco ha venido a dejar claro que el presidente del Consejo, según la Ley 13/2014 de RTVC, es el órgano de contratación del Ente y de sus sociedades mercantiles.
Según el dictamen, Negrín es el responsable de llevar a cabo la contratación de manera "plenamente diferenciada y autónoma, nunca indistinta, de tal forma que sus actos y contratos solo son imputables a la entidad (ente RTVC o sociedad mercantil) a la que represente en cada momento en su plano orgánico.
El informe destaca que el artículo 15.4 de la Ley de la Radio Televisión Canaria indica claramente que la competencia aprobatoria de determinados contratos por parte del Consejo excluye los de las sociedades mercantiles, sobre las que el Consejo Rector no ejerce ninguna competencia "ex lege" en materia de contratación.
El dictamen desarma de argumentos la operación política de parte de la oposición para bloquear la aprobación de los pliegos y la puesta en marcha del nuevo procedimiento de concurso, un proceso largo y complicado que necesita de al menos seis meses para su adjudicación, dada su complejidad técnica y jurídica.
Al ser un concurso abierto pueden presentarse todas las empresas que cumplan los requisitos mínimos planteados en el pliego. El primer paso es publicar el pliego en el Diario Oficial de la Unión Europea, al menos un mínimo de 52 días antes de la fecha límite de presentación de ofertas. En el caso de la Televisión Canaria ese tramite se ha hecho con una antelación de 60 días. También debe ser publicado en el Boletín Oficial de Canarias al menos quince días antes de la fecha límite del 27 de octubre.
Ya se ha publicado en el Perfil del Contratante de la web del Gobierno de Canarias y de Radio Televisión Canaria. La implantación del nuevo adjudicatario necesita de al menos seis meses dadas las exigencias tecnológicas que demanda el pliego presentado por la televisión. Hasta ahora se emitía en un sistema ya obsoleto, en baja definición, y el nuevo concurso obliga a la emisión en alta definición, además de otros compromisos.