El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha lamentado este miércoles que su homólogo grancanario, Antonio Morales, haya rescatado el "pleito insular" y buscado "enemigos exteriores" a raíz de los vertidos al mar, resaltando que "flaco favor" le hace a Canarias, ya que "todas las islas tienen problemas".

En declaraciones a los periodistas, ha admitido que la Fiscalía de Medio Ambiente ya ha actuado "de manera ordinaria" en Tenerife, con algunos expedientes abiertos.

"Hace su trabajo y lo hace bien, iniciando investigaciones para proteger el medio ambiente, y nosotros colaboramos, hay que cumplir la ley", ha señalado, resaltando no obstante que la mayor parte de las competencias en saneamiento recaen en los ayuntamientos.

Alonso ha dicho que desde el Cabildo de Tenerife vienen diciendo la verdad de la depuración de aguas por lo menos desde 2005, y "no es verdad" que en Gran Canaria se depure el 99% de las aguas. "Probablemente han estado mintiendo durante muchos años", ha apuntado.

Alonso ha resaltado que, según el Gobierno de Canarias, el 70% de los vertidos en Gran Canaria son ilegales, con presencia en el sur de la isla, Jinámar y la misma capital.

El presidente tinerfeño ha reconocido que la situación es "compleja y complicada" por no cumplir con la normativa de la Unión Europea (UE), hasta el punto de que se ha multado a España, entre otras cosas, por los vertidos en Güímar y Valle Guerra.

En este contexto, ha comentado que el Cabildo ha hecho un trabajo de planificación a través del Plan Hidrológico de Tenerife fijando núcleos comarcales y definiendo las infraestructuras necesarias, de ahí que las obras de la depuradora de Valle de Guerra estén "a punto de acabar" y las de Güímar, asumidas directamente por el Cabildo, se iniciarán este mes.

Asimismo, ha destacado que gracias al "voto de Ana Oramas, no por voluntad propia del PP", se ha logrado instar al Estado a que ejecute las obras de interés general, caso de la EDAR de Santa Cruz de Tenerife, contando con el apoyo técnico del Cabildo en la tramitación de suelo y proyectos, lo que permitirá inversiones en la isla por importe superior a los 200 millones.