La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, se reunió ayer con trabajadores sociales o personal de referencia de 61 municipios canarios para explicarles el nuevo sistema de dependencia que quiere implantar en el Archipiélago, más descentralizado y con un protagonismo mayor de los ayuntamientos.
El objetivo de este nuevo protocolo es que los ayuntamientos se conviertan en la puerta de entrada del sistema de la dependencia y puedan llevar a cabo los informes sociales. Para ello, la Consejería prevé, en el futuro, establecer un mecanismo de financiación para que esa tarea no suponga un sobrecoste para las administraciones locales. El convenio fijará una ratio de trabajador por habitante que será costeada por el Ejecutivo regional.
La Consejería aún no ha hecho un cálculo de cuánto presupuesto necesitará para afrontar esta iniciativa, pero espera que dentro de tres meses, cuando acabe el programa piloto que se inicia ahora, puedan tener un cálculo.
La responsable del área admitió que hay consistorios que tienen dudas sobre el nuevo modelo y temen que sea una forma de delegar competencias, algo "que no ocurrirá de ningún modo".
"La gestión de la dependencia corresponde a la Comunidad Autónoma y así seguirá siendo", insistió Valido, que aseguró que "el Programa Individual de Atención (PIA)" lo seguirá realizando su departamento.
Valido ha admitido que a este programa se suscribirán los ayuntamientos a título individual, según el acuerdo pactado con la Fecam, y no ha ocultado que muchos "tienen miedo" porque la dependencia tiene mala prensa y creen que van a aumentar su carga de responsabilidad.
La consejera apuntó, además, que si cabildos y ayuntamientos empiezan a cooperar con el Gobierno se podrá "subir escalones más rápido" en la gestión de la dependencia y ha remarcado que el objetivo es poner en práctica "otra forma de hacer las cosas" que dejará "un camino más claro para el futuro".
La titular del área reconoció que muchos municipios se han visto desbordados desde que empezó la crisis y que tienen importantes carencias de personal, algo que explica, también, ese recelo a la hora de sumarse al protocolo.
Con respecto al último plan de choque para reponer personal, la consejera explicó que aún quedan efectivos por incorporarse porque no es fácil encontrar todos los perfiles en las listas de sustitución y hay que formarlos. Auguró que los resultados de la "mejor" gestión de la dependencia empezarán a verse dentro de unos meses, a final de año, cuando la inyección económica a través de la Ley de Crédito Extraordinario será evidente. No obstante, recordó -a tenor de los últimos datos del Observatorio de la Dependencia- que el sistema nacional no tiene en cuenta las aportaciones que hacen cabildos y ayuntamientos.