Los ediles de Bienestar Social de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna demandaron ayer más recursos y nuevas normas al Gobierno de Canarias para atender las necesidades sociales de sus ayuntamientos, los más poblados de las Islas.
Los responsables de esa área en las cuatro ciudades, que constituyen el denominado grupo G-4, acordaron plantear sus nuevas peticiones a la consejera regional de Empleo y Políticas Sociales.
Entre sus reclamaciones figura la creación de una ley de barrios de especial vulnerabilidad; que se aborden cambios en la Prestación Canaria de Inserción, ya que no cumple la función para la que se creó; y tener mayor peso en la Federación Canaria de Municipios para poder acceder a más fondos.
Asimismo, exigen al Gobierno más trabajadores sociales en las grandes poblaciones por el número de usuarios que atienden, que en el caso de Santa Cruz de Tenerife y Telde se ha cuadruplicado en los últimos cuatro años.