La presidenta provincial de Cruz Roja, Mayte Pociello, manifestó ayer que los ayuntamientos que contratan servicios de vigilancia en playas y piscinas deben efectuar un mayor control para comprobar que las entidades que gestionan esas tareas cumplen con su obligación y realizan las actividades que se les encomienda. Durante la presentación de los servicios llevados a cabo por esta ong en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Pociello aclaró que los socorristas contratados por su institución se ocupan exclusivamente de garantizar la seguridad en las áreas del litoral o piscinas, ya que no se dedican a colocar sombrillas o hamacas, por ejemplo. "Apostamos por un trabajo seguro y de calidad", dijo Pociello, y aseguró que la prevención en las áreas del litoral debe aplicarse "durante todo el año". Además, el secretario de Cruz Roja en Canarias, Domingo Pérez, señaló que esta institución "apoya firmemente" el futuro decreto que el Gobierno canario elaborará sobre la seguridad en zonas de baño costeras y piscinas. Los 80 vigilantes profesionales contratados por Cruz Roja y un centenar de voluntarios de esta ong han realizado el control de 27 zonas de baño en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, mientras que en todo el Archipiélago las áreas con dicho servicio han llegado a 40. La vigilancia en otras playas y piscinas es desempeñada por otras empresas. En los enclaves donde ha estado presente Cruz Roja, en la provincia oriental han muerto dos personas en lo que va de año y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife no ha habido fallecidos, según se desprende de los datos ofrecidos ayer por dicha institución. La ong indica que, a nivel estatal, el 90 por ciento de los ahogamientos se produce en playas no vigiladas. En Tenerife, Cruz Roja ha trabajado en el Parque Marítimo y las playas de Roque de las Bodegas, Almáciga, Benijo, Las Gaviotas, Las Teresitas, Punta Larga, Olegario, Caletillas, Los Guanches, El Pozo, El Alcalde, El Ancón y El Bollullo y San Marcos; Puerto Naos y Charco Verde (La Palma); Tacorón, La Restinga, Tamaduste, La Caleta y Cascada del Mar (El Hierro), y San Sebastián, La Cueva, La Calera, La Puntilla y playa del Inglés (La Gomera).
Una normativa estatal de 1972 obsoleta
El secretario de Cruz Roja en Canarias, Domingo Pérez, indicó que dicha entidad apoya con firmeza el futuro decreto que elabora el Ejecutivo autónomo, aunque haya aspectos que no comparta. Pérez recordó que dicho documento regula, por ejemplo, los niveles de riesgo de cada playa, qué plan de emergencia debe tener o cuántos socorristas tiene que haber. Pérez destacó que ese marco de actuación da una serie de garantías de calidad y establece el nivel mínimo de atención con que debe contar un determinado espacio. Mayte Pociello comentó que, actualmente, se trabaja con una normativa estatal de 1972, que está "obsoleta y desfasada". En estos momentos, Baleares posee su propio decreto para regular la vigilancia de playas y piscinas. La presidenta provincial de Cruz Roja señaló que la inmensa mayoría de las muertes en el medio acuático se deben a imprudencias o a falta de información del usuario. Según Pociello, en la mayoría de los procesos de adjudicación de servicios de socorrismo en las playas prima el aspecto económico, "no lo técnico". Sin embargo, recalcó que su ong apuesta por la preparación de los socorristas y voluntarios. Respecto al personal contratado, dijo que "cobran lo que estipula la legislación". Apuntó que, hasta el momento, no se ha prestado suficiente atención a este tipo de servicios, pero aclaró que los ayuntamientos ahora son más conscientes de la situación.