Coalición Canaria se quedó sola ayer en el Parlamento regional en su defensa del concurso de los Servicios Informativos aprobado por el presidente del consejo rector de la Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, el pasado agosto por valor de 144 millones. El resto de grupos aprobaron una proposición no de ley (PNL) del PP por la que se insta al Ejecutivo a solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para saber si el proceso por el que se ha convocado el concurso cumple la ley, si bien se trata de una propuesta no vinculante para el Gobierno.

Ante su previsible soledad, dado lo ocurrido hasta ahora en las comisiones sobre el ente en las que ha participado el presidente, CC optó ayer por la abstención y no por el rechazo a la PNL. Además, su habitual apoyo desde que gobierna en minoría, la Agrupación Socialista Gomera (ASG), se alejó esta vez de las tesis de los nacionalistas y se sumó a las dudas legales y, en algunos casos, convicciones que mantienen el resto.

En línea con la intervención del martes de la portavoz del Gobierno y consejera de Hacienda, Rosa Dávila, la diputada de CC Guadalupe González Taño esgrimió ayer el artículo 5 de la ley de la RTVC para insistir en que el ente está totalmente desvinculado del Gobierno y que se rige por el derecho privado. Por ello, considera que no cabe el informe jurídico que exigía el PP en su PNL, aclarando que la única vez que esos servicios judiciales de la Comunidad han intervenido por un asunto de la cadena se debió a una causa judicial que podía perjudicar económicamente a la Comunidad, situación en la que sí cabe esa intervención. Asimismo, y en cualquier caso, cree inútil un informe si el concurso ya está en marcha.

Muy alejada de esta versión se situó desde el principio la proponente de la PNL, la diputada popular Luz Reverón. Como ha hecho hasta ahora en diversas intervenciones, sostuvo que sí cabe ese informe y que así lo contempla la propia normativa por la que se rige la cadena. Además, advirtió de los supuestos incumplimientos e irregularidades cometidas en la convocatoria del concurso por parte del presidente del ente y advirtió de su posible nulidad y de las consecuencias que podrían derivarse de eventuales recursos. Entre otras anomalías o ilegalidades, recalcó, sobre todo, el hecho de que el concurso lo convocara unilateralmente Negrín y no un consejo rector que, a su juicio, ha de completarse (dos integrantes dimitieron) y renovarse cuanto antes. También teme por el futuro de los trabajadores y su subrogación, por que se pierda calidad en los informativos y que se desprecie a las islas no capitalinas sin una cobertura acorde.

En esta misma línea se manifestó Loly Corujo (PSOE), quien, sin ánimo de minimizar una derrota del Gobierno que cree más que justificada, apostó por el diálogo y consenso para contar con un nuevo consejo. Además, se mostró casi convencida de la ilegalidad de lo sucedido, culpó al presidente y a CC de los perjuicios y la situación creada y abogó por una RTVC "profesionalizada", plural y a la altura de la sociedad canaria, objetivos que, eso sí, los grupos buscan en el mandato marco al ente abordado después.

Juan José Márquez (Podemos) respaldó gran parte de estos argumentos y, si bien sabiéndose en minoría, abogó por rescatar los informativos y gestionarlos desde lo público, entre otras cosas para evitar la lucha de medios que hay. NC coincidió en la necesidad de los cambios y en las advertencias y ASG cree ahora clave el informe.

En una sesión con temática reiterada respecto a las últimas, la

consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, volvió a garantizar ayer en una comparencia que, tal y como está previsto, en diciembre de 2018 (quizás incluso antes), se terminará el sellado de los 24 vertederos irregulares que, tras un estudio, contabilizaron en 2015. Esa cifra supone tres más que los 21 que propiciaron una sanción a España en 2006. No obstante, Barreto subrayó que ya se han cerrado varios y que, junto a los ayuntamientos o haciendo gestiones con los dueños de los terrenos, se prevé concluir con el plan en el plazo fijado, pese a algunas dificultades administrativas.

Asimismo, insistió en que se trabaja en el nuevo plan de residuos, que quiere que salga por consenso con todas las Islas, y, frente a la visión de Reverón (PP), quien cree que no se ha abordado esto como una prioridad, recordó que se han destinado 160 millones de euros de fondos europeos en las nuevas plantas de tratamiento y puntos limpios. El resto de grupos se mostraron críticos y preocupados por esta cuestión, aunque esperanzados en que se cumpla lo programado.

Justo después, y a petición de Águeda Montelongo (PP), intervino el responsable de Agricultura y Pesca, Narvay Quintero, para analizar, de nuevo, el informe de fiscalización del saneamiento del agua por las entidades locales, que data de 2013. Aunque CC mostró su sorpresa por insistir en un informe de esa fecha, Quintero bajó al terreno, insistió en que se requieren unos 2.000 millones para solucionar uno de los problemas principales de las Islas (algo en lo que todos coincidieron) y en que se necesita la implicación de todas las administraciones ("de todos los colores"). Eso sí, admitió que los 220 millones de saneamiento de los 302 de obras hidráulicas del Fdcan son insuficientes, lo que fue aprovechado por la oposición más crítica para afearle al Gobierno que se rechazara la petición del propio consejero para incluir más dinero de ese fondo para este tipo de actuaciones.

Debate turístico y distintos modelos

En continuidad también con lo ocurrido el martes con Clavijo, el consejero de Turismo, Isaac Castellano, abogó ayer por abrir un debate sobre el crecimiento y futuro turístico, si bien hizo una encendida defensa de lo hecho en esta materia por CC, lo que le fue muy criticado por portavoces como el de NC, Román Rodríguez. "CC no es el partido del cemento, sino del turismo sostenible", sostuvo el consejero, al tiempo que volvió a rechazar una tasa turística por creer que, así, se fomentaría la "turismofobia". Su comparecencia fue solicitada por Juan José Márquez para analizar el modelo turístico que el diputado de Podemos no ve en CC, salvo el del crecimiento ilimitado. A su juicio, ningún turista dejará de venir por pagar 7 euros más de tasas. Rodríguez censura la "inacción e incompetencia de CC, que es la que puede generar turismofobia", y que "se limite a contar turistas". El PSOE cree necesario un replanteamiento del modelo, el PP critica el estancamiento de cuestiones como el alquiler vacacional y ASG contrapuso el modelo de las 4 islas turísticas y las 3 "verdes".

Consenso, pero críticas a CC sobre la lucha canaria

Hay ocasiones en las que el consenso esconde, en realidad, más disenso y duras críticas que otra cosa. Es lo que se dio ayer en el Parlamento con una PNL presentada por José Manuel Pitti (CC) para desarrollar un plan estratégico que reimpulse la lucha canaria. Ni la presencia de luchadores y representantes del deporte vernáculo impidió que la mayoría de grupos, por mucho que apoyaran luego la iniciativa, criticaran con dureza a CC "por no hacer nada en 30 años". Francisco Déniz (Podemos) recordó que planteó algo similar hace dos años y se rechazó, lo que le afeó también al PSOE; Campos (NC) hizo lo propio con una propuesta de hace meses y Nayra Alemán fue implacable con CC por olvidar o usar la lucha como "el juego del palo".

Cláusulas suelo y

seguridad en las playas

En otras PNL no hubo tanta contraposición. Así, todos apoyaron y alabaron la presentada por NC para instar al Estado a defender a los consumidores afectados por cláusulas suelo, aludiendo especialmente a los jóvenes canarios que se beneficiaron de los planes regionales sin contar con esta ilegalidad, según el fallo del Tribunal Europeo. Por su parte, Podemos presentó otra para reforzar la seguridad en playas y zonas de baño de las Islas, iniciativa que, entre otras cuestiones, propone que haya cursos de mil horas para socorristas y no como ahora, que apenas duran 100 para los de playas y solo 30 para los que cuidan de piscinas.