El portavoz de Industria y Consumo del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, acusó ayer al Gobierno de CC de mirar a otro lado en su obligación de averiguar si se están produciendo prácticas contrarias a la competencia y de defensa de los consumidores en cuanto al posible pacto de precios de los combustibles.
Como recordó, existen denuncias de usuarios, consumidores y organizaciones empresariales acerca de supuestas prácticas contrarias a las normas de la competencia en algunas estaciones de servicio que habrían establecido un pacto de precios que, subrayó, debe ser perseguido por el Ejecutivo regional.
La pasada semana, el Gobierno de Canarias respondió por escrito a una pregunta del diputado del PSOE sobre este asunto, exponiendo que la venta de combustibles en las islas "no tiene un carácter intervencionista", que existe "libertad de mercado" y que de haber denuncias por posibles prácticas monopolísticas, el Ejecutivo intervendría a través de la inspección competente, incluso elevando informe al Servicio de Defensa de la Competencia para que se adopten las medidas oportunas.
El diputado destacó que hace meses que hay constancia de denuncias, hasta el punto de que este asunto ha llegado a la Comisión Nacional de la Competencia. No obstante, precisó que el Gobierno "no debe esperar a que existan denuncias, sino que debe actuar de oficio y abrir expediente de investigación para averiguar si efectivamente se han podido pactar los precios entre algunos operadores". Indicó que el Ejecutivo tiene competencias para ello y debería remitir el resultado a la Comisión Nacional de Mercados de Valores".