El consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, anunció ayer, en comisión parlamentaria, la inminente firma de un convenio con el Estado que permitirá el uso de drones y la imposición de sanciones por incumplimiento de la normativa pesquera, de forma que se luche de manera más eficaz contra la pesca furtiva. A petición de Podemos, Quintero detalló los pasos dados hasta ahora y las intenciones del Gobierno con una herramienta que cada vez se está utilizando más y que, por ejemplo, reduce los riesgos que la inspección pesquera representa cuando se hace en el mar y con embarcaciones.
Ante algunas dudas planteadas por los distintos grupos, el consejero herreño recalcó en diversas ocasiones que las sanciones las impondrá siempre un inspector regional, aunque el Gobierno use los servicios de una empresa privada para emplear drones, después del concurso convocado. Sobre la posibilidad de adquirir drones propios para rebajar el coste de estos servicios, aludió a las dificultades legales con las que se topa la administración para poder usar estos mecanismos en plenitud (deben ser menores de 2 kilogramos), si bien anunció que el Ejecutivo estudia la creación de un departamento específico dadas las múltiples utilidades de estas pequeñas naves dirigidas por control remoto.
En este sentido, Gustavo Matos (POSE) advirtió de las dudas y problemas que pueden surgir si se imponen sanciones pero se infringen derechos fundamentales y recordó la PNB de su grupo para que el Gobierno central mejorase la normativa aprobada en 2014 sobre el empleo de estos instrumentos, toda vez que, a su juicio, incluso ha dificultado su uso para buenos fines. Asimismo, avisó de que también puede haber pésimas utilizaciones.
Quintero, por su parte, dijo que el potencial es tal que hay drenes y aplicaciones que permitirían detectar las nasas existentes en el mar, las legales o irregulares.
En la comisión, además, se abordó la situación del pastoreo y su necesidad no solo para potenciar la ganadería, sino luchar contra los incendios. Mientras CC y PP. confían en que la ley del suelo facilite la legalización de explotaciones, el PC censuró el incumplimiento de mociones y PNL, lo que Quintero negó.
Fraude de 21 millones con el aloe vera canario
El consejero también abordó, a petición del PP, la situación del aloe vera en Canarias y admitió los problemas de fraude que se están dando. Según recalcó, los últimos estudios cifran en 21 millones el fraude de aloe vera o productos derivados que se presentan como canarios cuando, en realidad, no proceden de las Islas, cuya calidad se reconoce ya como casi única en Europa. Quintero fue más allá, incluso, de las advertencias de Cristina Tavío (PP) y Gustavo Matos (PSOE) y señaló que los productos falsos ya vienen embotellados y etiquetados desde fuera, con lo que el fraude trasciende a la llegada de polvo de aloe de otras zonas y al etiquetado o la elaboración en Canarias. No obstante, se mostró confiado en que el producto entre en las ayudas del Posei, junto al olivo (en el futuro se intentará con la cochinilla), dijo que serán subvenciones a hectáreas, que las inspecciones con Consumo son insuficientes (17 en 2016 y la misma cifra este año) y que hay unas 62 hectáreas en producción, aunque el potencial es de 104 por lo cultivado hasta ahora. Además, hay una veintena de hectáreas explotadas por jóvenes. Tavío recalcó que este modalidad, clave para diversificar la agricultura, supone ahora unos 4 millones de euros en Canarias, que da trabajo directo o indirecto a unas 600 personas y que debe mimarse.