El Gobierno de Canarias, la Federación de Municipios, la Obra Social "la Caixa" y la Fundación CajaCanarias firmaron ayer la renovación del Protocolo General de Actuación por el cual se incorporan 1,8 millones de euros más a los presupuestos destinados a la atención de la emergencia social para atender los gastos extraordinarios de familias que no disponen de ingresos suficientes para vivir y en las que, por este motivo, confluyan factores de riesgo y vulnerabilidad social.

Estos 1,8 millones de euros se suman así a las líneas de acción del Gobierno de Canarias destinadas a las personas sin ingresos como son la Prestación Canaria de Inserción, dotada con 53,5 millones de euros, y el Plan Concertado de Prestaciones Básicas por el que la administración autonómica apoya a los ayuntamientos con 12 millones de euros.

El documento fue ratificado por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo; la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido; el presidente de la Fecam, Ramón Plasencia; el director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuertes, y el presidente de la Fundación CajaCanarias, Alberto Delgado.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, señaló que la firma "es un ejemplo de la colaboración entre sector público y privado". De la misma forma, señaló que aunque los indicadores y previsiones económicas están experimentando una mejoría en Canarias "siguen habiendo muchas familias en las islas en situación de exclusión social y no nos podemos olvidar de ellas".

El presidente canario apuntó a convenios de este tipo como una herramienta para llegar a las personas y familias con necesidades básicas junto a otros instrumentos puestos en marcha por el Ejecutivo.

El objetivo de este Protocolo General de Actuación es otorgar ayudas, de carácter económico, destinadas a sufragar gastos específicos de carácter extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones carenciales, urgencias sociales o situaciones de marginación social, tales como gastos de alimentación, productos de higiene personal, medicamentos, suministros de agua o electricidad, así como otras situaciones consideradas de emergencia como los supuestos de alquileres o desahucios, entre otros, estando dirigidas a personas individuales o unidades familiares.