La Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento regional acordó ayer por unanimidad pedir a la Audiencia de Cuentas la fiscalización de la gestión económica y financiera de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) en los ejercicios 2014, 2015 y 2016.
La iniciativa partió del Partido Popular, cuya diputada Josefa Luzardo se refirió a Visocan como una empresa mal gestionada que no cumple con su objeto social de promover el alquiler social de viviendas públicas protegidas en las Islas y que arrastra "una deuda tremenda" cuyo alcance es preciso conocer.
"Se necesita una refinanciación extra de 24 millones de euros para atender los pagos hasta 2018 y hay un déficit de ayudas de alquiler de 8,5 millones", advirtió la diputada del PP, quien confió en que esta auditoría sirva para detectar si hay irregularidades en la gestión.
Elena Luis, de Coalición Canaria, aunque apoyó la solicitud de fiscalización de Visocan y reconoció su "situación financiera complicada", señaló que la situación es "gestionable". En este sentido, la diputada nacionalista recordó que se encuentra en marcha una operación de saneamiento y equilibrio contable de la sociedad pública.
Por su parte, el portavoz del Partido Socialistas, Iñaki Lavandera, consideró que aunque ha habido "muchas lagunas" en la gestión de Visocan, no se trata de buscar responsables, sino de conocer la situación real para "redirigir" a esta empresa pública y evitar errores en el futuro.
Manuel Marrero, parlamentario de Podemos, apoyó la iniciativa, aunque la consideró insuficiente para saber si realmente se han producido malas prácticas. Este grupo político defiende la creación de una subcomisión parlamentaria que investigue la gestión de esta empresa pública dedicada a promover la vivienda pública desde 2009.
Esther González, de Nueva Canarias, apoyó la petición de fiscalización, pese a que considera que no es la vía para analizar su gestión. A su juicio, esta actuación es "redundante", puesto que Visocan ya ha sido auditada de forma periódica por la Audiencia de Cuentas en sus informes anuales sobre las cuentas de la Comunidad Autónoma.
Finalmente, Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), se mostró de acuerdo en conocer los problemas financieros de esta empresa pública cuya gestión ha generado muchas quejas por parte de los ciudadanos.
las claves
Audiencia. Los grupos parlamentarios coinciden en encomendar a la Audiencia de Cuentas la fiscalización económica y financiera de la empresa de vivienda en los tres últimos ejercicios.
Plan de saneamiento. Coalición Canaria recordó que hay en marcha una operación de saneamiento y equilibrio contable de la sociedad pública.
Pagos y déficit. Según el PP, es necesario refinanciar Visocan para atender los pagos hasta 2018. El grupo de la oposición cifra en 8,5 millones de euros el déficit de ayudas al alquiler.
Subcomisión. Podemos pide que una subcomisión del Parlamento investigue la gestión de Visocan desde 2009.