El discurso del presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, volvió a ser muy intenso y duro, especialmente contra la corrupción política y, sin nombrarlos, hacia aquellos sectores que se oponían a derribar el edificio de aparcamientos de Las Teresitas, conocido como "mamotreto". En el momento más álgido de su intervención, señaló que "es inadmisible" poner en duda en un estado de derecho el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes. Astor añadió que "eso es tanto como cuestionar el estado de derecho, lo que nos acerca a los tristes y complejos acontecimientos que estamos viviendo en España", en referencia al proceso independentista catalán.
Landete apuntó que este año, a pesar de haber una sentencia firme, ha existido ese "rechazo" por parte de algunos sectores políticos, profesionales y de ciudadanos con "intereses".
Respecto a los corruptos, aseguró que su responsabilidad es "política e individual"; "en segundo lugar debe actuar el partido político y finalmente, en su caso, el parlamento". Astor aclaró que la Justicia solo debe resolver las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la Ley. Y en relación a los acusados de corrupción señaló que "no se puede huir de asumir las responsabilidades políticas para esconderse ante los tribunales bajo el paraguas de la presunción de inocencia y luego acusar a los tribunales de estar politizados".
Entre los invitados al acto estaban el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y el consejero canario de Justicia, José Miguel Barragán. Pero esa circunstancia pareció un aliciente para que Astor Landete hiciera una defensa a ultranza de que el nuevo edificio de los juzgados en la capital tinerfeña debe estar en la zona de Cabo Llanos, porque así lo recoge la memoria del Plan General de Ordenación de Santa Cruz y se trata de la mejor opción para los ciudadanos y los profesionales. No obstante, también destacó que el Ejecutivo autónomo ejerce la mayor dedicación a la Justicia de todo el país. El presidente de la Audiencia apuesta por "repensar un modelo ejecutivo de respuesta judicial", ya que en ninguna empresa, por ejemplo, tres "cabezas" diferentes pueden tomar decisiones completamente independientes, ya que ahora los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial; los letrados de la Administración de Justicia, del Ministerio de Justicia, y los funcionarios, del Gobierno canario.