La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, se ha reunido con representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas), convocados por su confederación en el Centro de Formación del Profesorado de Arrecife, para informar de las principales novedades del curso 2017-2018 y los planes de desarrollo de la Ley Canaria de Educación.
Monzón anunció la próxima apertura del proceso para recabar aportaciones que enriquezcan el futuro plan integral contra la violencia infanto-juvenil, que elaborará la Consejería con las contribuciones de los colectivos y ciudadanos de las Islas, dentro y fuera del ámbito estrictamente escolar, con la intención de erradicar un problema "que trasciende el marco de los centros escolares".
Asimismo, como vía ya establecida para mejorar las relaciones en el seno de las familias y con los centros escolares, la consejera instó a las Ampas a seguir participando y proponer mejoras en los programas de formación para que padres y madres, junto a sus hijos, conozcan modelos de convivencia positiva y mejora de las relaciones.
Monzón desgranó los detalles de la incorporación al sistema educativo de 36 educadores sociales, en un proyecto piloto que tiene por objeto mejorar las relaciones en los centros escolares, entre las comunidades educativas y su entorno y fomentar la tarea conjunta para que el alumnado con mayores dificultades encuentre apoyo y no acabe formando parte de la estadística de absentismo escolar o de abandono. La incorporación de estos profesionales se inserta en el Plan Estratégico de Atención a la Diversidad, otra de las novedades del curso 2017-2018, "que es el curso del desarrollo de los planes contenidos en la Ley Canaria de Educación no Universitaria".
Asimismo, la consejera compartió con las madres y padres presentes en el centro del profesorado cuáles son esos planes y los proyectos de implantación que tiene la Consejería en aspectos como la mejora de los comedores escolares, la mejor dotación tecnológica de los centros o la necesidad de devolver al profesorado el reconocimiento y la autoridad que necesitan para realizar la mejor labor posible en la formación de las futuras generaciones.