Las autoridades laborales canaria y estatal impusieron sanciones por unos 65 millones de euros en 2016 en Canarias por infracciones en materia de prevención de riesgos, contrataciones y cotizaciones a la Seguridad Social.
Así lo destacó ayer el director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Canarias, Francisco Guindín, quien dio cuenta, junto a la consejera regional de Empleo, Cristina Valido, del plan especial de refuerzo de la inspección de trabajo que comenzará a operar en el Archipiélago el 16 de octubre, con la incorporación de 32 efectivos a la plantilla habitual que conforman 145 funcionarios.
Con este refuerzo se pretende acometer 1.400 actuaciones dirigidas a aflorar el empleo sumergido, que se sumarán así a las 27.000 que se han llevado a cabo en el primer semestre de este año, de las cuales 8.000 han estado relacionadas con la prevención de riesgos laborales.
En 2006 las autoridades laborales propusieron más de 10.000 requerimientos, si bien las infracciones no llegaron a 1.000, dijo Guindín, quien detalló que las sanciones impuestas en el marco de las competencias transferidas a la comunidad canaria supusieron unos cinco millones de euros, a los que se sumaron otros diez por infracciones a la Seguridad Social y 50 millones relacionados con liquidación.
Valido subrayó que el balance del primer semestre del año en materia de inspección ha supuesto la transformación de 3.331 contratos por horas o a media jornada, "una vez que se ha detectado que no correspondían ni a las horas ni a la labor dedicada", por lo que han pasado ser a jornada completa o a indefinidos. Además, otros 2.070 contratos han sido de alta, después de que las inspecciones realizadas detectaran a personas que trabajan sin él.
En los últimos cinco años han sido 23.000 los contratos que se han mejorado a partir de estas inspecciones, la mayoría de ellas de oficio, aunque otras se realizan como consecuencia de denuncias.