Pocos plenos del Parlamento de Canarias han estado tan pendientes de otras cámaras como el de ayer. Aunque también con vistas al Congreso y el Senado, lo que pudiera pasar por la tarde en el Parlament catalán marcó la intervención del mediodía del presidente Clavijo y era la comidilla y casi el verdadero asunto implícito de toda la sesión vespertina, retrasos catalanes incluidos. Por la mañana, cuatro grupos preguntaron a Clavijo su opinión sobre la situación política y las consecuencias para Canarias, lo que dio lugar al presidente más solemne y, al mismo tiempo, orgulloso del sosiego y la apuesta por la legalidad que aprecia entre los partidos canarios desde que se ha agudizado el desafío secesionista de una parte de Cataluña.

Un desafío que Clavijo considera que no se puede tolerar desde la ley, aunque, en respuesta a Noemí Santana (Podemos) y a Román Rodríguez (Nueva Canarias), cree que debe ser contrarrestado desde la proporción para evitar males mayores. Antes, le reconoció al portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, quien volvió a abrir la sesión, que la situación actual tendrá consecuencias negativas para canarias. Ya no solo por el intercambio comercial y económico con Cataluña, según recordó el presidente gomero, sino porque todo apunta a que, por la postura del PNV, no habrá nuevo presupuesto estatal para 2018 y se deberá prorrogar el de este año.

Esta situación perjudica las previsiones optimistas que tenía el Ejecutivo regional, ya que, según admitió el propio Clavijo, deberán preparar unas cuentas más restrictivas y prudentes de lo que querían, dada la mejora económica. Curbelo también alertó sobre los convenios, aunque el presidente no entró en tanto detalle.

Pese a los contratiempos, el presidente agradeció la predisposición de ASG y del PP a apoyar las cuentas regionales de 2018, lo que fue ratificado por Asier Antona (PP) en el pleno tras reunirse previamente con el jefe del Ejecutivo. Antona no olvidó su empeño de rebajar impuestos, pero sí evidenció un cambio de disponibilidad, seguramente por el contexto general. Por lo demás, el presidente coincidió con NC y Podemos en la necesidad de adaptar la Constitución, pero siempre desde la ley y aprovechando, por ejemplo, la conferencia de presidentes de las distintas comunidades.

La primera comparecencia de ayer se produjo antes del descanso para comer, la pidió NC y sirvió para que los grupos se alinearan sobre cómo negociar con el Estado la reducción del coste de los billetes de avión y barco con la Península. Román Rodríguez le reprochó al vicepresidente, Pablo Rodríguez, el estudio que, a su juicio, solicitó el Gobierno regional en verano solo para evitar lo que cree un nuevo éxito de su negociación con Rajoy. En su opinión, y por un ataque de celos tras lo logrado con el 75% de la bonificación para los billetes entre Islas, CC ha puesto en peligro el acuerdo con argumentos que debilitan la posición negociadora canaria y que yerran respecto a la adecuación o no de que, en este caso, se aplique la condición de servicio público negociada en el REF desde 1994.

El vicepresidente le afeó varias veces el "yoísmo" y el afán de protagonismo del líder de NC y recalcó que CC, simplemente, aboga por el mismo logro, pero con métodos realistas, subvencionando al viajero. El contraste, curiosamente, lo puso el portavoz de CC, José M. Ruano, quien, sin dejar en mal lugar a su compañero, reconoció los logros de NC con el PP e insistió en que se debe aunar fuerzas en pro del pacto, idea en la que insistió luego el vicepresidente. Entre el resto de grupos, destacó la petición de ASG de que las ayudas lleguen al 100%, lo que NC cree inviable, pero, sobre todo, el alineamiento de Australia Navarro (PP) con las tesis de Román Rodríguez, censurándole a CC que ponga en peligro lo firmado. Sin que sirva casi de precedente, Gustavo Matos (PSOE) coincidió con CC en que resulta difícil aplicar el servicio público y que, de hacerse, debilitaría la competencia. NC lo niega y teme que se perjudique a los isleños que viven fuera.

Hernández critica las puertas giratorias de CC

Justo después de las cuatro preguntas al presidente sobre la situación catalana y sus consecuencias, la primera cuestión formulada por el PSOE chirrió un poco y así lo hizo ver Clavijo. No es que no fuera pertinente ni grave, sino que la censura de Patricia Hernández a las puertas giratorias usadas por CC para con sus alcaldes "deslocalizados" pareció llegar de otro planeta en comparación con la visión de Estado y solemnidad en las intervenciones previas. No obstante, sirvió también para aterrizar en el orden del día y permitió a la exvicepresidenta aludir al caso del ahora alcalde de La Victoria de Acentejo, Haroldo Martín, quien, al no alcanzar el bastón de mando en junio de 2015 tras un acuerdo de ultima hora entre el PSOE y el PP, fue impulsado por CC a una dirección en la Consejería de Presidencia, pero manteniendo el acta de concejal, lo que le obligó a devolver sueldos indebidamente percibidos, según Hernández. Este caso le sirvió a la ya expresidenta del grupo socialista para aludir a la exalcaldesa de La Frontera Melissa Armas, quien también ha entrado en cargos regionales tras la censura que le presentó el PSOE y UF. El último caso de puerta giratoria inmediata y para alcaldes lo ha protagonizado el exalcalde icodense, Francis González, quien ha entrado en el área de Patrimonio, lo que Hernández entiende como una prueba más de la falta de criterios técnicos y éticos a la hora de designar a los cargos. Clavijo intentó una réplica suave, pero no exenta de contundencia, tras defender la potestad que tiene su partido para elegir a las personas que cree más idóneas, pero, sobre todo, al recordarle a Hernández las designaciones que tuvo que aceptarla cuando era vicepresidenta de exalcaldes, ediles, familiares o hasta hermanas de alcaldes, en alusión implícita al máximo mandatario de Adeje.

El PP vuelve a criticar el contrato de RTVC

Entre las preguntas al Gobierno, el PP aprovechó para cuestionarle a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, sobre si se han tomado medidas jurídicas, con los servicios de la Cámara, respecto al pliego de condiciones del contrato de informativos de la RTVC. Para la diputada Luz Reverón, se trata de una auténtica "chapuza" y advirtió de sus consecuencias, pero Dávila insistió en que no es la competente, sino que todo corresponde al Parlamento, que es el que designa al consejo rector del ente público.