La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no considera "conveniente" autorizar la construcción de la planta regasificadora de Granadilla, una decisión que corresponde al Ministerio de Energía y que el regulador sostiene que debe supeditarse, entre otros aspectos, a un estudio actualizado de la demanda de gas en el Archipiélago y de la viabilidad económica de la inversión prevista.

Competencia emitió el pasado 7 de septiembre un informe, que no tiene carácter vinculante, referido a la solicitud de autorización administrativa presentada por Compañía Transportista de Gas Canarias, S.A. (Gascan) -que tiene a Enagas como socio único- para la ejecución de la planta de gas natural licuado en las instalaciones del futuro puerto de Granadilla.

En él, la CNMC indica que el documento de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016 "no recoge análisis alguno de la demanda de gas prevista, ni de las características de dicho mercado, o de la viabilidad económica de las inversiones a realizar". Además, este plan fue aprobado en 2008, mientras que el Plan Energético de Canarias (Pecan) data de 2007, por lo que "es posible que hayan podido quedar desfasados en relación con las necesidades y los planteamientos actuales sobre la energía en las Islas, sobre todo teniendo en cuenta que en dicho periodo ha habido cambios muy sustanciales en la economía y en el sector energético en general".

La CNMC recomienda al Ministerio "analizar la viabilidad económica y financiera" de la introducción del gas en el Archipiélago para así determinar "las medidas necesarias para hacerla viable, sin que ello suponga gravar adicionalmente al consumidor del gas natural, ni disminuir competitividad del gas natural frente a las otras energías en competencia".

El organismo de supervisión también cree necesario, "como garantía de la sostenibilidad económica del subsistema de transporte de gas natural en Canarias", que la regulación del sector desarrolle el tratamiento singular que la ley de hidrocarburos de 1998 recoge para la Comunidad Autónoma.

Un tercer reparo para dar por buena la autorización administrativa tiene que ver con que la CNMC entiende que el proyecto está "incompleto" al no prever los servicios adicionales -carga de cisternas y buques, trasvase de gas de buque a buque, puesta en frío de buques y abastecimiento de combustible- que podría prestar la planta de gas natural licuado de Granadilla. En este sentido, opina que la luz verde del Ministerio debe condicionarse a un "análisis detallado" de estos servicios.

El consejero de Economía de Industria del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, restó importancia ayer a los reparos formulados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la solicitud de autorización administrativa de Gascan -propiedad de Enagas- para ejecutar una planta de gas licuado en Granadilla.

A juicio de Ortega, tanto la empresa como el propio Ministerio de Energía tienen en su mano aportar la información que sugiere el organismo supervisor en un informe que, recordó, tiene carácter preceptivo pero no vincula la decisión ministerial.

Los cambios que ha experimentado el sistema eléctrico y energético de las Islas son patentes, afirmó el consejero, que como muestra se refirió a la reciente inauguración de un parque eólico de 30 megavatios en Gran Canaria, el mayor de la región y el de más potencia de los instalados en España en los últimos cinco años.

La propia Estrategia Energética de Canarias, abundó Ortega, recoge la introducción del gas en el sistema del Archipiélago "como un elemento más del mix energético", que permitirá diversificar y descarbonizar al reducir las emisiones, por lo que la demanda estimada de esta fuente de generación tiene reflejo en los propios planes de la Administración regional.

"No le veo mayor problema", señaló el titular de Economía e Industria sobre la posibilidad de que las reticencias de la CNMC puedan ser superadas. "Es el propio operador (Enagas) el que está interesado en agilizar, al igual que el Ministerio", argumentó Ortega, quien comparó esta tramitación con los requisitos que se piden para conceder la licencia de apertura de un negocio, con la diferencia de que, en este caso, la entidad que los requiere no es la que da la autorización.