El juez decano de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis Lorenzo, valora positivamente las acciones desarrolladas por el Gobierno canario para buscar suelo en la zona de Cabo Llanos donde edificar el futuro Palacio de Justicia. Además, advierte de que en la nueva Ley del Suelo, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, hay herramientas que permiten la agilización de los trámites urbanísticos para lograr la ubicación de dicha infraestructura en la zona administrativa de la capital.
Tras la reunión celebrada el pasado viernes entre representantes del Ejecutivo autónomo, el ayuntamiento, autoridades judiciales y representantes de la Plataforma en defensa de Cabo Llanos frente a la opción de El Sobradillo, Lorenzo indica que las manifestaciones realizadas por la Consejería y el consistorio corroboran los planteamientos de su colectivo acerca de que cerca del Palacio actual había suelo suficiente. Para el juez decano, se trata de un avance significativo que el Gobierno adquiera a Gestur un suelo y ofrezca otro junto al espacio cultural El Tanque y Las Torres para hacer un colegio. Y, de esa manera, poder unir tres parcelas situadas junto al Residencial Tres de Mayo-Siglo XXI para edificar los juzgados. Una de las trabas existentes consiste en que el terreno central es propiedad de Disa, a la que se deberá compensar para que lo ceda.
Indica que "ya no se trata solo de palabras", sino que la Consejería de Justicia "ha dado pasos efectivos en la dirección planteada por la Plataforma". Según dicho juez, hay que ser prudentes, ya que aún se deben resolver algunos obstáculos administrativos, como es el cambio de calificación del suelo donde ahora se prevé levantar el centro educativo o el convenio con la petrolera Disa, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento de Santa Cruz y al Ejecutivo autónomo, respectivamente. Pero aclara que "colaboraremos para que eso vea la luz". Lorenzo dice que hay que aprovechar instrumentos como el artículo 123 de la Ley de Suelo, que prevé la agilización de acciones en caso de proyectos de interés autonómico, o el 168, por ejemplo, para que la opción de Cabo Llanos se desarrolle lo antes posible. Comenta que "la solución no es inmediata, pero asumimos ese retraso".