El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer el proyecto de Ley de Servicios Sociales para su remisión al Parlamento, un texto que define los servicios sociales como un derecho subjetivo y universal de los ciudadanos, si bien el detalle de las prestaciones queda pendiente de su inclusión en un catálogo específico que estará listo en el plazo de un año.
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno que el catálogo de servicios y prestaciones, en el que ya se ha empezado a trabajar con el fin de adelantar los plazos para su aprobación, clarificará el mapa de recursos de atención social e incluirá indicadores de evaluación de su calidad y eficiencia. El catálogo definirá el coste de cada servicio por persona y día en el territorio, así como los costes de las infraestructuras que los acogen.
También fijará el número mínimo de los profesionales tanto en los servicios públicos como privados, por lo que definirá las plantillas necesarias en cada ayuntamiento, que son las que prestan los servicios sociales comunitarios y de cercanía, así como en los servicios que se presten en el marco tanto del tercer sector como en el de la iniciativa privada.
Eso supondrá un crecimiento de plantillas y requerirá negociar con la Federación Canaria de Municipios el ritmo de incorporación de los nuevos recursos humanos para su financiación.
"El catálogo es el que va a definir el coste de los servicios que queremos y ahí es donde tendremos que ver cuáles son los incrementos" presupuestarios necesarios en "un plazo de años razonable", porque "todos sabemos que en un ejercicio eso es imposible", dijo Valido. La consejera añadió que se podrá negociar que en varios años se vayan incorporando los recursos que permitan que todos los centros, municipios y cabildos "tengan los recursos humanos que necesitan".
Ese catálogo, que se aprobará por decreto en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley y que se revisará cada dos años, está siendo elaborado por la Consejería en colaboración con cabildos, municipios y el tercer sector.
La nueva ley, que sustituye a la vigente desde 1987, permitirá que el tercer sector (que incluye a entidades dedicadas a la economía social y solidaria) deje de depender de las subvenciones anuales, ya que se podrán establecer convenios y conciertos sociales a más largo plazo, lo que permite mejorar la planificación y crecer en empleo estable y cualificado.
Valido destacó que las entidades dejarán de depender de subvenciones públicas concretas para evitar incertidumbres financieras y garantizar los servicios y el empleo estable y de calidad.
Con la nueva ley, habrá un sistema de servicios sociales público, universal, garantista, moderno y accesible, aseguró la consejera.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de la Ley del Deporte de Canarias que declara la práctica deportiva de interés general y finalmente no incluirá la regulación de los "e-sports". Así lo avanzó el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano, quien señaló que el Ejecutivo ha optado por abrir un periodo de "análisis" en el sector para buscar un "consenso" con su futura regulación, informa Europa Press.
Castellano comentó que en la nueva ley se habla de "espacios digitales" como áreas de desarrollo deportivo, y precisó que aunque los "e-sports" no estén incluidos en el texto, el Gobierno "no renuncia" a acometer su regulación. A su juicio, esta modalidad ofrece un gran capacidad de desarrollo económico, y hay que potenciar los elementos positivos y "mitigar" los efectos que la sociedad percibe como "nocivos".
"Queremos profundizar en el análisis y en la búsqueda de consensos con los agentes sociales", dijo el consejero, dejando claro que no maneja una previsión temporal de cómo y cuándo podrán regularse los deportes electrónicos.