Pocas veces un Parlamento aprueba una proposición no de ley con la abstención de tantos diputados como ocurrió ayer en la Cámara canaria y, encima, con un asunto no baladí, por mucho que las PNL no sean vinculantes para los gobiernos. El Grupo Socialista logró ayer que, solo con el apoyo de Podemos y ASG, saliera adelante una iniciativa por la que se insta al Ejecutivo autónomo a complementar las pensiones no contributivas en las Islas hasta que los miles de personas que las perciben en el Archipiélago reciban, como mínimo, los 472 euros que se aportan en la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
La PNL fue defendida por la diputada María Teresa Cruz Oval y, como hicieron ver los partidos que se abstuvieron, nada menos que CC, PP y NC (que sumarían mayoría absoluta en un eventual y, ahora, quimérico gobierno de coalición), es de calado si el Gobierno la ejecuta, ya que implica un desembolso de unos 60 millones de euros.
Por este motivo, el PP le reprochó al PSOE que presente esta PNL cuando casi no hay tiempo para incluirla en los presupuestos regionales de 2018, salvo que se use la vía de las enmiendas. Además, y según recalcó el diputado José Tomás Estalella, resulta incongruente que los socialistas insistan con una medida así ahora, después de llevar durante casi dos años el área social en el Gobierno canario sin esa misma apuesta. Como hicieran otros grupos, el PP considera que el sistema estatal de pensiones debe estudiarse, modificarse y garantizarse en el Pacto de Toledo y no crear alternativas autónomas en cada una de las distintas comunidades.
En una línea similar se pronunció Luis Alberto Campos (NC), quien, enlazando con el Plan Canario de Vivienda, lamenta que en los últimos años se hayan confundido algunas prioridades y se hayan desaprovechado recursos como los del Fdcan para diversas políticas sociales, entre las que también se incluirían las pensiones.
ASG presentó una enmienda para que la propuesta atendiera a las diferencias que sufren los pensionistas de islas menores por la doble insularidad, pero fue rechazada y, no obstante, respaldó la iniciativa con duras críticas de Melodie Mendoza a la política del PP en este ámbito. Noemí Santana (Podemos) no entendió las abstenciones y recalcó que su grupo no podía más que apoyar una PNL del PSOE que considera bien enfocada y claramente necesaria.
Por su parte, el partido del gobierno presentó una enmienda para que se ligara esta PNL con otra presentada por CC en la misma línea y otra para que el gasto no tenga que correr a cargo de las arcas regionales, sino que se renegocie todo con el Estado y en el marco del Pacto de Toledo. Cruz Oval no tuvo problema en aceptar la primera, toda vez que el PSOE ya respaldó esa propuesta de los nacionalistas en su momento, pero rechazó la segunda porque, aunque también cree fundamental revisar y garantizar el sistema estatal mediante el citado pacto, criticando a fondo lo hecho por el PP, considera que Canarias, a diferencia de otras regiones, no ha hecho nada para complementar las pensiones no contributivas que comenzó a poner en práctica el Gobierno de Felipe González desde 1990.
Por eso, y como ya había denunciado en la sesión plenaria del martes, cree que ya ha llegado el momento de que CC incremente estas pensiones en la región que, según insiste la propia diputada nacionalista Ana Oramas en el Congreso, incluye a más de la mitad de los pensionistas no contributivos de España, con gran presencia de mujeres. Asimismo, reclamó que las pensiones dobles que rondan los mil euros no tengan que hacer la declaración de la renta.
La sesión de ayer, continuidad de la del martes, aprobó otra PNL del PSOE, en este caso defendida por Nayra Alemán y con un apoyo unánime, por la que se insta al Gobierno regional a poner en marcha, en 2018, un servicio de atención integral de mujeres víctimas de agresiones sexuales. Un órgano que, entre otras prestaciones, incluya acompañamiento y asesoramiento jurídico, psicológico y social de las víctimas. La PNL solicita también al Ejecutivo que consigne en el presupuesto de 2018 una dotación no inferior a 2 millones de euros para la apertura de oficinas de atención específica en todas las Islas y dos adicionales que permitan atender la zona sur de las islas de Gran Canaria y Tenerife.
Alemán considera que la PNL está más que justificada por el alarmante aumento de las agresiones sexuales. Así, indicó que, en España, se registran cada año 10.000 casos de abusos, acoso y agresiones, con un 38% cometidas por menores de edad. Además, alertó de que solo el 10% de los casos abren un proceso judicial. El diputado Agustín Hernández (PP) ahondó en los datos remarcando que el aumento durante este año es ya de un 27,2% respecto a 2016 en Canarias, produciéndose la mayoría en las zonas metropolitanas de las islas capitalinas y en sus comarcas sureñas. CC aportó una enmienda en pro de servicios específicos, con personal especializado y medios económicos adecuados.