La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, ha expuesto hoy en el Senado las líneas educativas que se desarrollan en las islas con la finalidad de que el futuro pacto de Estado incorpore algunas de las adoptadas ya en el archipiélago.

Según ha informado la Consejería en un comunicado, el Pacto Social, Político y Económico por la Educación en Canarias ha sido la que más consultas provocó en el seno de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado.

La recuperación del papel de los consejos escolares, ya no autonómicos sino los de cada centro, ocupó también una parte del tiempo de intervención de la consejera canaria, quien reivindicó la recuperación de su capacidad decisoria, que quedó mermada en la última ley educativa, indica la nota,

La consejera defendió la necesidad de una financiación estable y adecuada del sistema educativo a partir de un pacto estatal y que el nuevo pacto de Estado gire en torno a la atención a la diversidad, porque entiende que "sin equidad, no hay calidad" en el sistema educativo.

En cuanto a los fundamentos del futuro sistema educativo, Monzón destacó que la comunidad autónoma canaria defiende un sistema "que haga del desarrollo profesional del profesorado su piedra angular".

Por la parte del alumnado, la posición canaria es que el sistema educativo debe seguir de cerca los resultados obtenidos en todos y cada uno de los centros educativos e impulse continuamente procesos de mejora encaminados a lograr que los estudiantes alcancen los más altos niveles de aprendizaje.

En definitiva, un sistema educativo orientado hacia el aprendizaje permanente, dotado de centros educativos inteligentes, de unos servicios orientados a la atención personal y de una administración abierta y transparente.

Monzón también abordó la incorporación de la figura de las educadoras y los educadores sociales en los centros escolares de Canarias y demandó que en el nuevo pacto por la educación estatal se defina y regule adecuadamente la primera etapa de Educación Infantil, de forma que las condiciones de atención al alumnado de entre 0 y 3 años queden perfectamente delimitadas y financiadas.

La consejera confía en que el nuevo pacto sirva "para dotar al Estado y a todas las comunidades autónomas de un marco normativo estable, con vocación de continuidad y que no sufra más alteraciones cada pocos años", según expuso en su intervención.