El concurso de los informativos de Televisión Canaria da el salto del ruedo político al judicial. Videoreport Canarias ha decidido acudir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al que exige medidas cautelares para la suspensión del concurso de informativos de Televisión Canaria.
Como ya se informó el pasado 2 de octubre, el Tribunal de Contratos Públicos sentenció que no está entre sus competencias revisar "actos dependientes del Parlamento de Canarias", institución a la que la Ley 13/2014 atribuye la titularidad del ente público Radiotelevisión Canaria. Además, el Tribunal remitió cualquier resolución a la vía jurisdiccional y dio por definitivamente zanjada la administrativa.
Por su parte, los Servicios Jurídicos del Parlamento de Canarias también se declararon incompetentes para revisar el procedimiento de licitación por valor de 144 millones de euros al entender que la Ley 13/2014, a pesar de indicar que RTVC depende de la Cámara, otorga una especial autonomía funcional al Ente.
De hecho, reduce el control que ejerce el Parlamento regional sobre el mismo a un control de "naturaleza puramente política" y subraya el hecho de que no tiene la capacidad de ejercer control jurídico o administrativo alguno sobre RTVC.
En su afán por paralizar el concurso, la empresa, participada por el periódico Canarias7 y actual adjudicataria de los servicios informativos de TVPC, ha acudido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo y ha exigido la medida cautelar de suspensión del anuncio y los pliegos y, consecuentemente, del propio procedimiento de licitación, un concurso público de régimen abierto, ya en marcha.