La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, afirmó ayer que hay cuatro inspectores para supervisar los centros de mayores y discapacidad, a lo que el PSOE cuestionó cómo garantiza que no se conculquen los derechos de usuarios que muchas veces no pueden ni expresarse.
Cristina Valido, que es consejera de Empleo, Vivienda y Políticas Sociales, proporcionó este dato en la comisión que aborda la situación de la discapacidad en Canarias, en la que la diputada socialista Teresa Cruz requirió información sobre la inspección en centros de atención en este ámbito.
La consejera indicó que se han realizado 29 inspecciones en centros de discapacidad, recordó que hay 105 establecimientos de este tipo en la Comunidad Autónoma y de ellos, 81 tienen la acreditación definitiva para ejercer su función y el resto la realiza de manera provisional por contar con algún tipo de problema, normalmente de infraestructura, y tienen plazo para resolverlo.
Valido añadió que a mediados de este año se incorporó otra inspectora en Gran Canaria, donde había una única persona al frente de esta labor y a punto de abandonar por estar sometida "a una presión brutal".
La consejera añadió que en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2018 se van a dotar financieramente las plazas vacantes en la inspección, por lo que confía en que se puedan cubrir.
Teresa Cruz recordó que en el ámbito de los centros de mayores han ocurrido incidentes en residencias de Garachico, La Guancha y Santa Cruz de Tenerife en pocos meses y advirtió de que la calidad de la atención no se puede garantizar si no existe un servicio de inspección.